La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, confirmó que la Junta ha puesto a disposición del Gobierno de España en Castilla y León un total de diez plazas para menores no acompañados y otras 50, a través del acuerdo de la Administración central con las ONG Cruz Roja y Accem, destinadas a la fase de primera acogida de adultos inmigrantes que viajan en barco hasta Valencia tras ser rechazados en Italia y Malta.
Así lo puso de manifiesto al término de la reunión la Mesa de Seguimiento Permanente de Acogida al Refugiado, donde dijo que los dispositivos y plazas da atención podrían ser ampliadas si fuese necesario.
En ese sentido expuso que dicho organismo se creó a raíz de la crisis humanitaria derivada de la huida de miles de personas de la guerra de Siria, con el fin de dar integridad al proceso y conseguir la integración de refugiados e inmigrantes que puedan llegar a la Comunidad. "La idea es poder atender de la mejor forma el perfil y las necesidades de estas personas y tenemos recursos y servicios precisos para ello", expuso García.
Al respecto recordó que el pasado martes se envió una carta a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Álvarez, para ofrecer Castilla y León "como tierra de acogida, solidaridad y abierta a los refugiados, especialmente a menores no acompañados". A su vez, expuso que, aunque aún se desconozca la cifra de reparto, "hay muchos más recursos que hace dos años y se presta atención en la primera fase con apoyo de Cruz Roja y Accem en 525 plazas, 384 más desde que se creó la Mesa de Seguimiento Permanente de Acogida al Refugiado, es decir que se ha cuadruplicado la capacidad".
Para García, la coordinación entre las administración y las entidades del tercer sector especializadas en acogida "está funcionando correctamente y las dificultades que surgen son solventadas de manera ágil". De esta forma se trabaja en distintas fases para poder acoger a quien lo necesite en departamentos como sanidad, servicios sociales, de la Comunidad y las corporaciones locales, educación o empleo. "Todos ellos están dando ya una respuesta satisfactoria", sostuvo García.
Además, la consejera reflejó que estos momentos están siendo atendidos en Castilla y León en todas las provincias unos 1.400 refugiados en distintas fases de atención, es decir primera acogida, acogida temporal, integración, autonomía y seguimiento, muchos de las cuales viven ya en pisos normalizados.
García señaló que en el momento actual no es necesario hacer un llamamiento a la población para que aporte recursos, sin perjuicio de quien lo desee puede ofrecerlos directamente a las entidades del tercer sector que gestionan este programa de acogida como Cruz Roja y Accem. "Hay muchas personas que ofrecen acoger a refugiados en sus viviendas, alimentos o ropa, pero de momento las necesidades están cubiertas. No obstante, si se pide a la sociedad que muestre su capacidad de acogida y solidaridad en la vida cotidiana para estas personas que están sufriendo un drama en sus vidas y que se convierten en nuestros vecinos, compañeros de trabajo, usuarios de servicios públicos y sus hijos compañeros de colegio de los nuestros", precisó.
Entidades del tercer sector
Por parte del resto de integrantes de la Mesa de Acogida, el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Alfonso Polanco, dijo que Castilla y León ha demostrado "su gran capacidad de acogida, actuando de forma coordinada ante un reto humanitario de este siglo y el que viene". "Existe un torrente solidario de vecinos y todo tipo de entidades y hay que organizarse y hacer pedagogía en las ciudades y municipios, aunque desde la Unión Europea es tienen que abordar políticas adecuadas y exigir que se actúe para abordar seriamente esta situación migratoria", arguyó.
Jesús Varela, presidente autonómico de Cruz Roja, resaltó el trabajo de 30 años que la ONG que representa lleva a cabo en materia de integración de acogida de emigrantes y refugiados y explicó que los pasajeros a bordo del ‘Aquarius’ serán atendidos sin problemas en Castilla y León. "Debe haber tranquilidad por que esto es serio y funciona. Desde marzo de 2016 se ha atendido en distintas fases a 886 personas vulnerables de este tipo de 47 nacionalidades y se intenta lograr un trato correcto sin formar guetos, en pisos normalizados y realizando un pilotaje en los lugares donde estén para facilitar al máximo su integración social y cultural", indicó.
Por su parte, Daniel Duque, presidente de la ONG Accem Castilla y León, explicó que "aunque siempre se acostumbra a ofrecer números", el caso de las 629 personas del ‘Aquarius’ no supone una preocupación en cuanto a su acogida. "En 2006, cuando llegaban inmigrantes en cayucos y se veían en las playas, más de 800 de ellos vinieron a Castilla y León y no hubo ningún problema. Hoy, doce años después, existen muchos más recursos, aunque las realidades de protección son más complejas. Se necesita un trabajo muy profesional en materia jurídica, psicológica y contar con intérpretes en varios idiomas y un mayor empuje de la sociedad en las ciudades para facilitar una buena integración. Además, Europa tiene que abordar los fenómenos migratorios, marcando una política adecuada y sin parches", aseveró.
Finalmente, el secretario regional de Cáritas de Castilla y León, Guenther Eduardo, puso de manifiesto el papel de la ONG que "sigue la pauta de la Iglesia de interpelarse ante el drama de movilidad humana que se está produciendo" y dijo que el objetivo se centra en "atender y acompañar al inmigrante o refugiado en su historia, más allá de la persona". En esta línea concluyó que la ayuda humanitaria requiere "que en la sociedad se cambie el discurso del odio o la amenaza a quien por uno alternativo y que el Mediterráneo se convierta en una oportunidad".