El VI Dictamen del Observatorio de la Dependencia demuestran el buen trabajo de Castilla y León en el terreno de la Dependencia, pese a la decreciente financiación del Estado, algo que este informe independiente vuelve a poner de manifiesto.
Al finalizar 2010, cuatro comunidades autónomas destacan en cuanto a la aplicación de la Ley de la Dependencia: Castilla y León y Castilla la Mancha (ambas con 9 puntos), País Vasco y Aragón (con 8,5 puntos).
Estos son los principales datos del VI Dictamen del Observatorio de la Dependencia que aparecen reflejados en un estudio independiente titulado "Escala de valoración de la implantación y desarrollo de la Ley".
Por el contrario, se mantiene invariable el empecinamiento de tres comunidades autónomas en no aplicar las prestaciones y servicios que esta Ley contempla, poniendo a sus ciudadanos y ciudadanas en una situación de desprotección frente al resto en una materia de protección social tan básica. Estas Comunidades son Canarias (0,5 puntos), Madrid y Comunidad Valenciana, ambas con 2 puntos sobre 10.
En el resto destaca el descenso de alguna Comunidad, como es el caso de Andalucía, que tras venir ocupando los primeros lugares del ranking, cae en este momento a una discreta puntuación de 7,5 puntos, o Asturias, que suspende por primera vez en la aplicación de esta escala (4 puntos).
Por el contrario, el observatorio da la bienvenida al grupo de aprobados por primera vez a las Comunidades de Extremadura y Murcia, (ambas con 5 puntos), reconociendo el esfuerzo de mejora que esta valoración evidencia, por parte de ambas Comunidades.
A nivel general continúa registrándose una mejora en la implantación de la Ley, pasando de una puntuación media de 4,97 puntos (enero 2010) a 5,44 (junio 2010) y 5,6 puntos en diciembre de 2010.
Buenas prácticas
El Observatorio ha analizado ocho buenas prácticas presentadas, de las cuales se han reconocido y validado cuatro de ellas, correspondientes a las Comunidades de Galicia (protocolos de atención y transparencia del Sistema de Registro de Entidades) y Navarra (Sistema de concertación de plazas residenciales a la carta, y modelo ágil y transparente de elaboración de PIA).
Respecto a la situación global del Sistema, al finalizar el cuarto año de aplicación de la Ley de la Dependencia, el Observatorio constata cuatro aspectos especialmente preocupantes, porque son ya crónicos en su funcionamiento.
1- El limbo de la dependencia
Con los datos oficiales a fecha 1 de diciembre de 2010, 234.463 personas se encuentran en el limbo de la dependencia, lo que evidencia que desde el anterior dictamen (junio 2010) no solo no se ha reducido este limbo sino que incluso ha aumentando ligeramente (en junio de 2010 eran 228.348 personas).
Estas personas tienen reconocido un grado y nivel que les da derecho a recibir las prestaciones y servicios del Sistema, pero aún no se les ha aprobado el PIA que les permite recibir de manera efectiva estos servicios o prestaciones.
Esta constatación es especialmente preocupante porque 2010 ha sido un año valle, ya que no se han incorporado al Sistema nuevos grados o niveles, por lo que cabía esperar que hubiera sido la oportunidad para reducir este limbo, lo que no ha ocurrido.
Así, cuando en enero de 2011 se incorporen al Sistema los dependientes moderados, todo parece presagiar que el número de personas con derecho que estarán pendientes de recibir la correspondiente prestación o servicio (limbo de la dependencia) será mucho más elevado todavía, superando ampliamente el cuarto de millón de personas.
"Algo muy preocupante", destaca el informe, cuanto que muchas de estas personas, por su edad o circunstancias, tienen una esperanza de vida que hará irrecuperable el tiempo en el que está retrasándose la percepción del servicio o prestación al que tienen derecho.
Canarias, con un 60% de las personas con derecho reconocido que no tienen aún aprobado el correspondiente servicio o prestación económica, y la Comunidad de Valencia, con un 42%, son las Comunidades donde más preocupante es esta situación, mientras que en Navarra, con sólo un 11%, es donde menor es este limbo de la dependencia. En el conjunto del Estado el porcentaje es del 27%.
2- Modelo de financiación
El Observatorio ha conocido y analizado un detallado informe sobre financiación del Sistema, presentado por uno de sus miembros, Luis Barriga, que pone de manifiesto el desequilibrio entre lo que aporta de manera efectiva la Administración General del Estado (34 %) y las Comunidades Autónomas (52 %) y el resto los propios usuarios mediante el copago (14%) en el coste efectivo de los servicios y prestaciones económicas.
Evidencia también los graves desequilibrios en el gasto entre unas y otras Comunidades. Así, mientras que en La Rioja, las Administraciones Públicas gastan en 2010 183 euros por habitante en atención a la Dependencia, en Canarias este gasto es más de 5 veces menor, con solo 32 euros (la media estatal es de 102).
Tras estos datos está, sin duda, la extraordinaria diferencia entre el número de personas atendidas, y también el contenido e intensidad de las prestaciones o servicios que reciben.
Más preocupante resulta aún constatar como se van distanciando cada vez más la financiación estatal para el nivel mínimo (el que debe garantizar la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanos en cualquier parte del territorio) del coste efectivo de las prestaciones económicas y los servicios que estas personas están percibiendo (gráfico adjunto)
Por ello, la propuesta que la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales viene planteando desde el inicio de implantación del Sistema es "que la financiación se determine en función del coste efectivo de los Servicios y Prestaciones Económicas que se proporcionan".
Afirman que, de esta manera, "se evitará la perversión actual de que aquellas Comunidades que optan por prestar servicios de calidad se vean enormemente perjudicadas económicamente frente a aquellas que sobredimensionan las prestaciones económicas (más baratas) o de servicios con menor intensidad o de menor calidad, algunas de las cuales pueden incluso llegar a hacer caja con la aportación estatal".
3- Sobredimensionamiento de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesional
A pesar de su carácter excepcional según la propia Ley, la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales, sigue extraordinariamente sobredimensionada, ya que la recibe casi el 58% de los beneficiarios del Sistema.
Y la tendencia no sólo no se reduce sino que continúa siendo creciente. En número absolutos, 377.787 personas reciben esta prestación frente a sólo 90.912 que reciben servicios profesionalizados de Ayuda a Domicilio, o 44.810 en Centros de Día. Murcia, con un 83,4 % de personas dependientes que reciben la prestación de cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales, es el caso extremo de esta situación.
Si se tiene en cuenta que apenas se está llevando a cabo un seguimiento de la situación de las personas que reciben cuidados no profesionales en su entorno familiar, resulta muy preocupante que las Administraciones no puedan garantizar si están o no adecuadamente atendidos más de 300.000 personas especialmente vulnerables por su situación de dependencia.
Además el escaso desarrollo de los servicios (Ayuda a Domicilio, Centros de Día y Residencias) frente a las prestaciones económicas, impide que el Sistema desarrolle todo su potencial de creación de empleo, en un momento tan necesario como el actual.
4- Falta de transparencia informativa
Un aspecto que el Observatorio quiere evidenciar y denunciar, es "las deficiencias del Sistema de Información oficial del Sistema, así como el incumplimiento de los acuerdos en esta materia por el Consejo Territorial", según los cuales en julio de 2010 deberían haberse publicado los datos más detallados del nuevo Sistema de Información, y que a fecha diciembre de 2010 aun no se ha producido.
El observatorio califica de " inadmisible" que se pretenda resolver, como un mero trámite, "el imperativo legal de evaluar el funcionamiento de la Ley tras su tercer año de implantación, mediante una encuesta muy general llevada a cabo por una Universidad". Por eso los gerentes de servicios sociales afirman que "la falta de datos precisos para esta evaluación y, sobre todo, la falta de un amplio y trasparente proceso participativo en la misma, es algo muy grave que debe ser inmediatamente corregido".
Pero el observatorio va más allá al destacar que "a todo ello se suma a la ya tradicional ocultación de determinados informes o a las dificultades para acceder de determinados datos, lo que ha obligado al observatorio a actuar al estilo Wikileaks", cuando el observatorio ha tenido la oportunidad de acceder a algunos de estos informes que la correspondientes Administraciones estaban tratando de que no se conocieran.