El Senado ha dado luz verde de manera definitiva a la ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, una normativa que permite mejorar el régimen de protección, conservación y restauración de la biodiversidad española, la más rica de toda la Unión Europea.

La norma persigue un triple objetivo: mejorar la transparencia y la seguridad jurídica en cuanto al régimen de protección de los espacios protegidos, así como facilitar su gestión; mejorar la protección y conservación de las especies amenazadas; y garantizar la correcta aplicación de la normativa comunitaria e internacional en materia de biodiversidad.

Para ello, se dota de mayor seguridad jurídica a todo lo relacionado con el régimen de propiedad de los espacios protegidos y, entre otras novedades, permite proporcionar información sobre las protecciones ambientales que afectan a las propiedades que estén incluidas en espacios protegidos, mediante el reflejo de dicha información en el Registro de la Propiedad y en el Catastro. De esta forma, se incrementa la seguridad jurídica y se garantiza una mejor protección de estos espacios ya que se protege mejor lo que se conoce.

Asimismo, para mejorar la gestión de los espacios protegidos, la norma incluye una serie de medidas destinadas a fomentar el apoyo de las administraciones públicas a las actividades coherentes con la conservación de los espacios protegidos.

Estas actividades, entre las que se encuentran las turísticas, agrícolas, ganaderas o de ocio, contribuyen, sin duda, al bienestar de las poblaciones locales y a la creación de empleo de calidad y respetuoso con el medio ambiente.

Según relatan desde el Ministerio, para mejorar la protección y conservación de las especies amenazadas, la nueva norma incrementa los niveles actuales de protección de la biodiversidad española y permite la incorporación de aspectos clave que refuerzan las políticas de conservación.

Así, en el texto se han corregido cuestiones que se han demostrado poco operativas a la luz de la experiencia adquirida y se han incorporado nuevas disposiciones de gran relevancia, como la regulación de las primeras importaciones de especies no autóctonas: se establece que la primera importación de especies no autóctonas potencialmente dañinas sea sometida a autorización administrativa, previa realización de un análisis de riesgos por el importador.

Se regula, también, la reintroducción de especies autóctonas desaparecidas de nuestro país, para promover su reintroducción y que ésta se ejecute con todas las garantías; y con el fin de mejorar la coordinación entre las administraciones, se ha incluido la necesidad de dotarse de metodologías comunes para el seguimiento de la biodiversidad, para que la toma de decisiones se realice con una base de conocimiento comparable y más sólida.

Otro de los grandes objetivos del marco legal aprobado es el de garantizar la correcta aplicación de la normativa internacional y comunitaria en materia de biodiversidad, y en particular, del Protocolo de Nagoya, de la Directiva de Aves y de la Directiva de Hábitats.

La norma recoge, asimismo, el apoyo a las actividades coherentes con la conservación de los espacios de la Red Natura 2000, que contribuyan al bienestar de las poblaciones locales y a la creación de empleo.

Con la aprobación de este nuevo marco legal, se refuerza la protección de la biodiversidad, incorporando los últimos avances llevados a cabo en la normativa comunitaria. También se introduce una mayor vinculación entre biodiversidad y cambio climático y se incorporan, entre los principios inspiradores de la ley, la prevención de los problemas emergentes como consecuencia del cambio climático; la mitigación y adaptación al mismo y la lucha contra sus efectos adversos.