El ministro de Justicia del Gobierno de España, Rafael Catalá, avanzó hoy en Salamanca la creación de una subcomisión para el estudio que lleve a una Estrategia Nacional de Justicia con el fin de "abordar la gran reforma pendiente de la democracia de España: la de nuestra justicia". En ese sentido, el ministro afirmó que "las nuevas tecnologías juegan un papel decisivo" y se mostró convencido de "trasladar el concepto de Estado abierto a la justicia".

Al respecto de las nuevas tecnologías, Catalá afirmó que su "fabulosa capacidad transformadora está siendo muy útil en todos los órdenes de la vida y la administración de justicia debe ser uno de esos ámbitos", puesto que "guarda relación con el sentido público de la justicia y la eficacia y transparencia en su prestación".

Además, señaló que "implica situar al ciudadano en el epicentro del sistema en un ejercicio colectivo que a todos nos debe comprometer". Este es uno de los mensajes que lanzó ante los estudiantes de los Cursos de Especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca a los que se dirigió a primera hora de esta mañana durante la jornada 'El espacio jurídico iberoamericano: oportunidades y desafíos compartidos'.

"Nos encontramos ante un nuevo tiempo, un escenario inédito que contempla avances científicos y tecnológicos que, de una manera acelerada, nos llevan a la globalización", apuntó Catalá. "Es una Pangea original", continuó, señalando que este proceso comenzó "hace ya 150 años cuando en 1886 se completó el primer cable telegráfico submarino entre América y Europa que transformó a la Humanidad".

No obstante, afirmó que "nadie entonces imaginaba la nueva era, con previsiones que dicen que en 2020 habrá 4.000 millones de personas conectadas en el mundo a través de 7.000 millones de teléfonos y 50.000 millones de dispositivos", que obligan al ser humano a "participar de una realidad de la que no debemos ser ajenos porque el mundo es cada vez más pequeño y dependiente" y que exige "nuevos enfoques y prismas sin olvidar lo que hemos sido".

"Hemos llegado hasta aquí por innumerables conquistas y consensos que nunca deberíamos arrinconar y sí proteger", consensos que "soportan lo que nos hace libres: democracia, Estado de Derecho, igualdad, dignidad, solidaridad y justicia". Por ello, Catalá consideró que "renunciar a esa obligación de protección sería una manera de renunciar a nuestra libertad" por la amenaza de "viejos enemigos como el fanatismo, el populismo, el nacionalismo excluyente o el terrorismo".

Para Catalá, las nuevas tecnologías son una de las dos "grandes herramientas" que tienen los estados iberoamericanos y europeos para afrontar una época de "desafíos trascendentes, relevantes y complejos". La otra es "una gran lengua común, la segunda por número de hablantes en el mundo con 560 millones que llegarán a 750 en 2020, y la tercera más utilizada en internet, que estamos obligados a defender y potenciar sus capacidades", en referencia al español.

Cinco retos

Pero antes de cifrar las herramientas, Catalá enumeró los "cinco grandes retos colectivos de la comunidad iberoamericana" en materia de justicia. El ministro español de esta materia citó en primer lugar "la seguridad jurídica y el binomio que foma con la economía, incomprensibles la una sin la otra". Así, Catalá afirmó que "cuanto más seguro sea un país en términos jurídicos, mayor es su capacidad para competir, atraer inversión y estimular el emprendimiento".

Por ello, consideró "la inestabilidad y la inseguridad" como uno de los "mayores factores de riesgo" para la actividad económica, citando entre los ejemplos la necesidad de "rescate de autoridades supranacionales" de Grecia y Portugal, la "pérdida de libertades públicas y el desabastecimiento" de Venezuela o la "parálisis y recesión" de Brasil, porque "la inversión huye de allí donde no se cumple la ley o se desafía el Estado de Derecho".

El segundo reto mencionado por Catalá es el de "promover democracias sanas e instituciones fuertes desde la ley y la justicia porque no hay sociedad al margen de las normas", una idea que afirmó está "anclada en las democracias constitucionales". Catalá abogó por "construir mejores democracias a través de una justicia que funciona y con instituciones fuertes que luchen contra la corrupción y atiendan a los colectivos más necesitados", para hacer frente a "la demagogia, caldo de cultivo de los cómplices de la radicalidad".

Lucha contra desigualdad y terrorismo

En tercer lugar, el ministro de Justicia de España nombró la "lucha contra la desigualdad" y en ese sentido parafraseó al rey Felipe VI cuando apuntó en Davos que "las soluciones para acabar con el drama del desplazamiento de los refugiados, que sufren 65 millones de personas en el planeta, es el fin de los conflictos, la implantación de sociedades democráticas y el fin del terrorismo. De nuevo, justicia, ley y libertad como parte de la solución", referenció Catalá.

El cuarto reto enmarcado por Catalá es "el potencial de cooperación, intercambio y transferencia del conocimiento", en cuyo marco situó la "colaboración entre Europa e Iberoamérica para construir sociedades más libres, justas y transparentes". Y, en quinto lugar, el ministro de Justicia cifró como reto "la derrota del terrorismo internacional, amenaza global y real para todos".

En ese sentido, apoyó el diseño de "una estrategia de seguridad global que dé a todos garantías de estabilidad y desarrollo" frente a un terrorismo que "atenta contra las bases de nuestras sociedades y contra los Derechos Humanos" y ante al que aseguró que "España tiene una larga experiencia en esta materia y la lucha contra el terrorismo internacional es una de nuestras prioridades en política interior y exterior, siendo líderes y activos en foros internacionales donde se debate esta materia". Por ello, apoyó la colaboración electrónica entre países para "no dejar espacios de impunidad".

En el acto desarrollado en la Hospedería Fonseca de la Universidad de Salamanca también participaron el rector de la Usal, Daniel Hernández Ruipérez, el secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, Árkel Benítez Mendizábal, y el catedrático de Derecho Procesal de la Usal, Nicolas Rodríguez. Además, acudieron la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Diputación provincial, Javier Iglesias, y diputados y senadores del Partido Popular por Salamanca en el Parlamento nacional.