Un total de 18.000 trabajadores de Castilla y León, se encuentran afectados por expedientes de regulación de empleo y otros 130.000 aún no han renovado sus convenios colectivos, según apuntó este miércoles la delegación regional de UGT, que considera una prioridad absoluta garantizar la protección de las personas en situación de desempleo que no perciben ningún tipo de ingreso, fortaleciendo los programas que en esta materia destinan una ayuda económica mientras se realiza el itinerario correspondiente de inserción laboral.

Así lo apuntaron desde el sindicato tras la celebración esta mañana en Valladolid del V Comité Regional de UGT Castilla y León, donde reclamaron que se refuerce la protección de los trabajadores afectados por EREs en suspensión, "dando una respuesta inmediata a su situación a través de la defensa de su puesto de trabajo, mientras se mantiene su renta con ayudas especificas en el marco de las políticas de empleo".

El Comité Regional ha calificado como "de extrema gravedad" la situación que atraviesa Castilla y León con 200.000 trabajadores en desempleo, de los cuales 85.000 carecen de prestación o subsidio alguno y donde 80.000 familias tienen a todos sus miembros en paro. Asimismo, continúa disparándose el número de desempleados de larga duración que llevan buscando un empleo desde hace más de un año y la tasa de paro de los jóvenes con un 35 por ciento se encuentra en unos niveles insostenibles.

El Comité Regional ha analizado con suma preocupación la evolución negativa del empleo y la economía, tanto en España como en Castilla y León en la recta final del año ya que lejos de percibirse algún signo fiable de recuperación, los datos ponen de manifiesto para el sindicato que "nos encontramos mucho peor que al inicio de la crisis".

"Con unas cifras de desempleo alarmantes y con la actividad económica estancada que constatan el fracaso absoluto de un marco de políticas encaminadas a recortar el gasto público y a reformar el mercado de trabajo con la consiguiente perdida de derechos laborales para los trabajadores y las trabajadoras, continuamos aún sin resolver los principales problemas de nuestra economía en lo que respecta al cambio de modelo productivo y la falta de crédito para las familias y las empresas", aseguran en un comunicado.

En este sentido, el Comité considera "una obligación de la Junta de Castilla y León proteger al conjunto de la ciudadanía garantizando la financiación del modelo social que reconoce el Estatuto de Autonomía aprobando para tal fin una Ley específica que garantice un suelo mínimo de inversión social pública que refuerce los servicios públicos".