Dos funcionarias del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan están en el punto de mira. En 2009 se detectó que el importe cobrado por el alta del agua de nuevas viviendas, tasa que ellas eran las encargadas de cobrar, no había sido ingresado en las arcas municipales. A partir de ahí comienzan las investigaciones internas y los informes de personal municipal, que encuentran indicios suficientes para remitir el caso al Tribunal de Cuentas. Es en febrero de 2011 cuando emite providencia confirmando el presunto alcance de fondos públicos por un importe de 25.336 euros y la implicación de dos de sus trabajadoras.
El alcalde de la localidad, Juan Martínez Majo, no descarta emprender acciones penales contra las dos trabajadoras una vez que el tribunal dilucide las cuestiones contables, que se demorarán al menos un año. Insiste en que este suceso no está afectando al día a día del consistorio aunque en su día sí generó cierta crispación entre la plantilla, y es que no hay que olvidar que las dos implicadas siguen acudiendo diariamente a su puesto de trabajo.