La Comisión Europea dio hoy luz verde al programa de desarrollo rural (PDR) de Castilla y León, un plan que implica 1 820 millones de euros de inversión pública para el campo de Castilla y León, hasta 2020. La partida global de gasto se distribuye entre 969 millones de euros con cargo al presupuesto de la UE y 687 millones de cofinanciación nacional. Asimismo, 191 millones corresponden a complementos adicionales de la financiación nacional.
El PDR de Castilla y León se centra muy principalmente en dos prioridades. Con el fin de mejorar la competitividad del sector agrícola, casi 5 000 explotaciones recibirán ayudas para la reestructuración y la modernización y 3.600 jóvenes agricultores contarán con apoyo para poner en marcha sus empresas.
Además, a fin de aumentar los niveles de competencias, el programa dará apoyo a la formación de cerca de 8.500 participantes y 12.500 personas o empresas recibirán asesoramiento personalizado. El 32 por ciento del total del gasto público está presupuestado para dichos fines.
Con el 27 por ciento del gasto total presupuestario, la restauración, preservación y mejora prioritarias de los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura también se considera importante, con un 23 por ciento de superficies agrícolas (y casi un uno por ciento de superficies forestales) sujetas a contratos de gestión para mejorar la biodiversidad. Cerca de 3.700 participantes recibirán formación relacionada con la protección medioambiental.
Retos
El documento destaca como los principales retos a los que se enfrenta la Comunidad, la baja incorporación de agricultores jóvenes al sector primario y la necesidad de retener a éstos en las zonas rurales ofreciéndoles oportunidades de empleos "innovadoras y dinámicas, así como el marco de formación y asesoramiento indispensables necesario".
La Comisión Europea destaca, a través de un comunicado, que las mujeres también constituyen un activo "fundamental" para ayudar a retener a la población, y tanto la agricultura como la industria alimentaria son factores determinantes para promover su desarrollo económico y social. Debe fomentarse la transferencia de innovación y conocimientos en el sector alimentario.
Otro de los retos que recalcan las autoridades europeas es el riesgo de abandono de las tierras de cultivo. En este sentido, remarcan que en términos medioambientales, la región se enfrenta a problemas de vulnerabilidad al cambio climático (riesgo de inundaciones, sequía e incendios) y a la escasez de agua. El desarrollo económico sostenible va en consonancia con una política sostenible en cuanto a la adaptación al cambio climático y a la protección de los recursos naturales.