Es la crónica de una muerte anunciada. Unas obras de reforma en el interior de la residencia Sor María de Jesús de Ágreda son el motivo para que sus 53 ancianos sean trasladados. El pueblo y los residentes están convencidos de que el motivo es una futura privatización que tiene enfrentado al partido popular.
Fue inaugurada hace 28 años. La lista de espera es actualmente de 82 personas. Tiene capacidad para 100 personas pero desde 2005, la Diputación de Soria no admite ni uno más. Se han dejado de ingresar más de 6 millones de euros. Ahora la excusa del cierre se basa en la adaptación de las instalaciones. Según la Plataforma en Defensa de dicha residencia, una obras que son totalmente compatibles con la habitabilidad de los ancianos. Bastaría con colocar pantallas aislantes o ir trasladando de planta al personal.
La que en su día fuera alcaldesa de Ágreda, y encabezara esa institución provincial, María Jesús Ruíz, tampoco comparte el argumento del Presidente.
Lo cierto es que desde la Plataforma, han recogido 11.000 firmas en toda la comarca para que se mantenga abierta, pero han caido en saco roto de la Diputación. Ahora más que nunca Ágreda entera está en pie de guerra.
El Comité de Empresa exige un traslado justo del personal a la otra residencia de Ágreda: Nuestra Señora de los Milagros. Su petición les ha hecho estar encerrados día y medio en la propia diputación.
Ahora, la mensualidad puede rondar los 1.000 euros, para aquellos que tengan solvencia económica. Para los que tienen pensiones muy bajas, solamente pagan en torno a un 80% de lo que cobren. En cambio, en caso de ser privada la factura de cada mes ascendería a unos 2.000 euros.
Otra consecuencia es que más de 40 ancianos de la comarca han tenido que buscarse la vida en residencias privadas, en Navarra y Aragón.