La propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) de la Comisión Europea que marcará las reglas de juego de la agricultura y la ganadería a partir de 2014 prevé establecer un techo máximo de 300.000 euros de ayudas por explotación y eliminará los criterios históricos de los que hoy se beneficia España, según el documento que hoy presentó el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos.

Para calcular este tope el Ejecutivo comunitario plantea que se descuenten los salarios de los empleados declarados en el año anterior, así como impuestos y contribuciones a la Seguridad Social. El estado miembro recuperará este dinero y lo destinará a invertir en innovación e investigación.

Los límites progresivos de las ayudas se establecerán de la siguiente forma. A partir de 150.000 euros de pagos directos, se reducirá el 20% ; de 200.000 euros, el 40; a partir de 250.000, el 70% ; y más allá de 300.000 euros, se detraerá el cien por cien.

La propuesta de reforma mantiene los dos pilares básicos de la PAC, el destinado a la agricultura y ganadería y el desarrollo rural. El primero se financiará por las arcas comunitarias y contempla como una de las novedades más destacables la eliminación progresiva de los criterios históricos, de los que se aprovechan países como España o Francia, hasta que en 2019 se establezca un pago uniforme por hectárea en toda la Unión Europea, que funcionará como una tarifa plana. Además, se premiará con un pago adicional a todos los agricultores que hagan esfuerzos medioambientales.

El segundo pilar, el de desarrollo rural, está cofinanciado por los estados miembros o por las regiones. La reforma dejará prácticamente igual este régimen, aunque introduce nuevas prioridades relacionadas a las ayudas. Serán, entre otras, la mejora de la competitividad, la promoción de la cadena alimentaria y la organización de riesgos, la conservación y mejora de los ecosistemas y la promoción de la eficiencia de los recursos.

La nueva PAC propone mantener los ratios tradicionales de cofinanciación para la mayoría de los pagos, pero podrán aumentarse si se apuesta por la innovación, la cooperación, la creación de grupos de productores o pequeños subsidios para los agricultores jóvenes.

Presupuesto

La PAC es la política que más dinero se lleva de los presupuestos de la Unión Europea. En el año 2009 salieron casi 60.000 millones de euros de las arcas comunitarias, de los cuales 7.500 fueron para España. Para los próximos presupuestos de 2014-2020, la Comisión prevé entregar un total de 371.700 millones de euros a la agricultura.

Como la cantidad es inferior a la que especificaba el antiguo presupuesto, la propuesta pretende compensar con una partida destinada a un fondo de emergencia para reaccionar en situaciones de crisis, como ocurrió este verano con la crisis del pepino, y con otra para ayudar a los agricultores a adaptarse al mercado que emerge de la globalización. Ello servirá para compensar a los agricultores que sufran reducciones de sus rentas que superen el 30% .

Régimen de pago básico

La Comisión Europea incluye en su propuesta un nuevo régimen de pago básico a partir de 2014, momento en el que entrará en vigor la reforma de la PAC. Este régimen sustituirá al actual sistema de pago único que actualmente beneficia a los estados más antiguos de la Unión Europea. Pretende eliminar así los derechos históricos de los que gozan países como Francia y España y reducir “significativamente” las diferencias entre las ayudas que reciben estos y los estados de más reciente incorporación.

Además, se propone establecer un pago base uniforme por hectárea en toda la Unión Europea para el año 2019. Este punto es especialmente controvertido ya que equipara las hectáreas de secano y regadío de todos los estados sin tener en cuenta que los costes de producción son dispares entre cada uno de ellos. La previsión es que Bruselas ajuste los pagos directos de manera que aquellos que reciben menos del 90% de la media comunitaria por hectárea puedan obtener más ayudas.

'Ecologización'

Al pago básico se le sumará un porcentaje de 'ecologización', es decir, cada explotación podrá recibir un importe adicional por hectárea si respetan determinadas prácticas agrícolas cuidadosas con el medio ambiente y el clima, que podría llegar al 30% . Dentro de estas prácticas se incluye el mantenimiento del pasto permanente y la diversificación de cultivos.

Uno de los puntos más discutibles es la definición de 'agricultor en activo'. La Comisión Europea establece que se considerará beneficiario de ayudas todo aquel que demuestre que al menos el 5% de sus ingresos totales provienen de la actividad agrícola (al margen de subvenciones públicas). La propuesta incluye una excepción para los agricultores que recibieron menos de 5.000 euros en pagos directos el año anterior.

El objetivo es controlar que el dinero llegue realmente a los que producen alimentos y evitar que otros como campos de golf, importantes extensiones de terreno privado, fincas o cotos de caza que no dedican su actividad a la agricultura reciban dinero de las arcas comunitarias.

Especificidades

En cuanto a las especificidades de la futura PAC, destaca la relacionada con un cultivo tan importante para Castilla y León como es la remolacha. Así, prevé eliminar las cuotas de azúcar a mediados de 2016, un año más tarde de lo previsto. La Comisión Europea estima que es la mejor solución para mejorar las perspectivas del sector a largo plazo, teniendo en cuenta que los países en desarrollo disfrutan de acceso ilimitado al mercado europeo, mientras que las exportaciones comunitarias están limitadas por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OCM).

La Unión Europea adjudicó a España una cuota de producción en el momento de su adhesión. Según fuentes españolas, esta cuota era inferior al consumo y el desfase se ha vuelto más abrupto con el paso del tiempo. Estiman que en los últimos años se han elaborado 500.000 toneladas, mientras que el consumo ha superado el millón.

En cuanto al sector lácteo, la Comisión deja en manos de cada estado miembro la posibilidad de hacer obligatorio el contrato entre la industria y los productores, aunque no será necesario si el ganadero entrega la leche a una cooperativa. En cualquier caso, el precio que se debe incluir deberá ser estático y solo podrá variar en función de los factores que dicta el contrato.

Además, Bruselas permitirá a los ganaderos agruparse a través de las organizaciones de productores para negociar contratos de manera colectiva ante las grandes industrias, siempre y cuando no pertenezcan a cooperativas lácteas. De esta forma, pretende equilibrar la capacidad negociadora de los productores de leche frente a los principales transformadores.

A la hora de concertar estos contratos, se establecerán unos límites al volumen de negociación: se fijarán en el 3,5% de la producción global de la UE y el 33% de la producción nacional, aunque prevé salvaguardas específicas para prevenir perjuicios graves, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Con esta propuesta, que ya fue presentada en diciembre del año pasado, la Comisión quiere ayudar al sector a prepararse para la eliminación de las cuotas de producción prevista para el año 2015.