La Fiscalía belga ha pedido este viernes al Tribunal de primera instancia de Bruselas que ejecute la orden europea de detención y entrega (OEDE) del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en la capital belga por todos los delitos que les imputa la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela --incluyendo los de rebelión y sedición-- salvo el de prevaricación.
"La Fiscalía ha pedido la ejecución de la orden europea salvo para un hecho, que es el de prevaricación tal y como se recoge en el mandato de detención español", ha informado uno de los abogados de los cinco políticos catalanes, Christophe Marchand, al término de la vista celebrada en la Cámara del Consejo de Bruselas (tribunal de primera instancia).
El Ministerio Público ha considerado que el resto de delitos por los que España reclama a Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín encajan en el ordenamiento jurídico belga en las descripciones penales de "coalición de funcionarios" y "malversación por parte de funcionarios", de acuerdo a la información facilitada por la defensa de los requeridos.
Tampoco contemplaría la Fiscalía de Bruselas que exista "corrupción", según ha indicado a la prensa el abogado de Puigdemont Jaume Alonso Cuevillas, en referencia a uno de los 32 delitos que recoge la euroorden como causa de entrega automática y que la juez Lamela marcó al emitir el mandato a Bélgica.
Este ha sido el resultado de la primera vista celebrada ante el Tribunal de primera instancia y que ha sido aplazada hasta el próximo 4 de diciembre después de que la Fiscalía expusiera su posición, en una sesión celebrada a puerta cerrada y que apenas ha durado una hora.
Las dos partes han descrito la audiencia como "serena" y han evitado dar detalles de sus respectivas posiciones. Otras fuentes consultadas han apuntado que ninguna de las partes "estaba lista hoy para defender" sus argumentos, por lo que han sido citados de nuevo dentro de tres semanas.
El plazo dado por el juez hasta el próximo 4 de diciembre dará espacio para que las partes "intercambien documentos y argumentos por escrito" de cara a la reanudación de la vista, cuando el juez escuchará a la Fiscalía y a la defensa, pero no necesariamente tomará una decisión sobre el caso.
Una vez que el juez decida sobre la entrega o no de los acusados a las autoridades españolas, Fiscalía y defensa dispondrán después de 24 horas para presentar un recurso y el caso pasaría entonces a la Corte de Apelación.
Quedaría aún una última instancia, el Tribunal de Casación (equivalente al Tribunal Supremo español), que puede pronunciase sobre la forma pero no sobre el fondo del proceso.
La Fiscalía de Bruselas ha eludido dar detalles sobre la audiencia y ha avisado de que no informará ni comentará el desarrollo de un proceso que se celebra "a puerta cerrada", con el objetivo de "no hipotecar" el procedimiento pendiente.
La sesión se ha celebrada a puerta cerrada en el Palacio de Justicia y ha contado con la presencia de un intérprete español-neerlandés, ya que éste ha sido el idioma elegido por los acusados para la instrucción del caso, en detrimento del francés, la otra lengua oficial en Bruselas.
La vista ha comenzado en torno a las 14:00 horas y ha durado alrededor de una hora, cuando el equipo de abogados belgas de Puigdemont y sus exconsellers ha comparecido ante los medios, pasadas las 15:15 horas.
Tanto Puigdemont como Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín han eludido en todo el momento el contacto con la prensa. Los reclamados y su equipo de abogados han llegado al órgano judicial sin ser vistos por la gran parte de los periodistas que les aguardaban dentro del edificio que alberga este tribunal, que dispone de más de una decena de entradas.
Un fuerte dispositivo de seguridad situado en la puerta más próxima a la sala de vistas ha impedido a los informadores acercarse para poder ver llegar o salir a los exmandatarios catalanes.