Castilla y León cuenta desde hoy con la primera ley de transparencia y participación ciudadana, aunque sale de las Cortes sin consenso y sólo con el aval de la mayoría popular, algo que se recriminaron Junta y oposición en el debate final del texto. El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y los procuradores del PP defendieron que es una norma pionera que va más allá en sus exigencias que la estatal y los portavoces de la oposición estimaron que es 'escasa'.

El debate ante el pleno de la Cámara de las 129 enmiendas vivas de PSCyL, IU y UPL, todas ellas tumbadas por el PP, escenificó un cruce de reproches entre el grupo que sustenta a la Junta y los de la oposición, ya que para el primero 'se culmina un modelo de éxito' y para los segundos no se incluye información de contratos públicos ni se avanza en la transparencia y la regeneración como derechos.

'Hoy siento tristeza por el acuerdo no logrado y satisfacción por traer a la Cámara el proyecto más logrado', confesó el consejero de la Presidencia al subir a la tribuna de las Cortes para explicar la ley. José Antonio de Santiago-Juárez lamentó la aprobación del texto sin un 'gran acuerdo' por entender que es lo que 'hubiera gustado a muchos ciudadanos'. 'Era lo sensato, lo correcto, lo que nos exigen', defendió.

De Santiago-Juárez afirmó que aprueban el texto 'más completo' de los existentes en España en esta materia, destacó que se introduce como novedad la participación activa ciudadana y defendió que el modelo de Gobierno Abierto 'no fue una ocurrencia, ni apuntase a una moda'. 'La Ley culmina un modelo de éxito, que no es una entelequia', aseveró, para resaltar las notas recibidas por la Comunidad en materia de transparencia por organismos externos.

El consejero explicó, en base a la doctrina del Tribunal Constitucional, que 'no es oportuno' que en las leyes de las comunidades autónomas se reproduzcan las normas estatales y argumentó que 'esa es la razón' para que el texto no haga referencia a los contratos públicos. 'No es necesario que lo haga porque lo recoge la estatal. Todo está recogido y cualquier ciudadano la puede consultar en el portal Gobierno Abierto', indicó.

En esa línea, manifestó que la ley autonómica recoge más exigencias, como la publicación de las relaciones de puestos de trabajo, los procesos de selección personal, el gasto público en campañas de publicidad institucional y la presentación de copia del IRPF, patrimonio y bienes de los altos cargos cuando entran y cuando salen de la administración. Además, puso en valor que sea el Procurador del Común quien vele por el cumplimiento de la ley.

La socialista Fernanda Blanco resumió las 88 enmiendas vivas de su grupo en 'más transparencia, más participación activa y más regeneración democrática'; acusó al PP de dejar la ley en uno de los 'debates más breve' en la Cámara y tildó de 'boquilla' la propuesta de acuerdo de la mayoría popular. Para Blanco, no hay un avances en nuevos derechos, al tiempo que insistió en el conocimiento de todos los contratos públicos. 'Es una ley mala de solemnidad', aseveró.   

Entre las enmiendas, enumeró las que elevan la transparencia y la regeneración democrática a la categoría de derecho y la publicación en el Gobierno Abierto de la agenda de los altos cargos y personal directivo del sector público. También que una materia pedida al menos diez veces al año o por dos colectivos figure en el mismo portal, la publicidad completa de la relación de puestos de trabajo y las listas de espera sanitarias y de servicios sociales

Otras propuestas que dejó en la Cámara, ya que ninguna se aprobó en la comisión, es conocer el calendario anual de la convocatoria de subvenciones y motivar en caso de ser denegadas, informar del gasto público en campañas de publicidad institucional y completar el derecho de acceso a la información. Además, la creación de un Consejo de la Transparencia presidido por el presidente del Consejo de Cuentas, en vez del Procurador del Común como figura en el texto remitido por la Junta.

'Han tenido la ocasión de hacer sus aportaciones en un proceso largo, pero no han presentado ninguna', recriminó el popular Juan José Sanz Vitorio, que centró su réplica en afear la diferencia entre el texto alternativo -'una copia del andaluz'- con las enmiendas parciales vivas que se vieron hoy en el pleno. 'Procedía retirar las enmiendas parciales, pero el problema era quién asume la responsabilidad', aseveró, para concluir que, con esos antecedentes, no podían asumir ninguna.

Blanco reiteró que el PP 'no es de fiar' en regeneración democrática, donde enumeró que los populares acordaran una limitación de mandatos y no se aplique al repetir Herrera, y Sanz Vitorio replicó sobre quién no puede presentarse y si afecta a quien pierde siempre unas elecciones y con los peores resultados.

En su turno, para presentar sus 30 enmiendas, José María González se preguntó por el contenido de las mismas para que sean rechazadas en su totalidad y añadió que se orientan a clarificar algunos aspectos de la ley, avanzar en la publicidad activa, ampliar los sujetos que tienen relación con la administración pública o en la evaluación de los objetivos que se plantean y cómo se cumplen. 'Una ley que sale de esta Cámara puede ir más allá en los derechos sin entrar en contradicción con la estatal', defendió.

El popular Alfonso García Vicente acusó al procurador de 'buscar que no se legisle' en un compromiso de legislatura del presidente de la Junta, recordó avances en la publicidad de los contratos y estimó que su posición respondía a la situación preelectoral que se vive ya.

Por último, el procurador de UPL, Alejandro Valderas, lamentó que en una ley de transparencia no se apruebe nada y explicó enmiendas relativas al gasto de campañas electorales, a una mayor regulación de la administración B o a que las Cortes cuenten con un procedimiento para el acceso por parte de los ciudadanos. También fueron rechazadas por García Vicente por entender que 'parecían una fobia a los principios que sustentan la ley'.