La Junta de Castilla y León aprobó hoy en la reunión del Consejo de Gobierno un decreto que ordena la red de atención a personas inmigrantes, mediante una regulación de los centros existentes, que serán "integrales" si cumplen una serie de requisitos, como disponer de personal especializado, un local o abrir un número mínimo de horas. Además, deberán ofrecer un catálogo de servicios esenciales, como la información y el asesoramiento, medidas de integración o de reconocimiento de sus competencias profesionales.
La vicepresidenta de la Junta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, explicó en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno que el decreto no persigue crear nuevos centros, sino "reconocer" y "regular" los existentes ya que se convertirán en el eje del programa de atención a inmigrantes. Además, recalcó que esta norma es uno de los compromisos asumidos por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, durante su discurso de investidura.
La creación de la Red permitirá, según la Junta, mejorar la coordinación de todas las actuaciones que se desarrollan por los distintos centros y mantener una estabilidad en su funcionamiento y en la prestación de sus servicios a las personas inmigrantes. Está integrada por tres tipos de centros: Centro Integrales de Inmigración; Centros de Información; y los centros dependientes de las organizaciones sindicales más representativas.
Con la entrada en vigor de esta norma, las entidades locales y las entidades sin ánimo de lucro podrán solicitar su reconocimiento como Centro Integral de Inmigración o como Centro de Información.
Centros integrales
Se trata de espacios interculturales destinados a desarrollar acciones de atención e integración de las personas inmigrantes. Sus titulares pueden ser entidades locales; entidades sin ánimo de lucro -legalmente constituidas e inscritas en el registro que corresponda, que incluyan entre sus fines estatutarios la atención o integración de la población inmigrante y acrediten experiencia en la realización de programas y actividades dirigidas a la integración social de los inmigrantes-; y de forma conjunta ambos tipos de entidades.
Estos centros deben desarrollar al menos una función de cada una de las tres áreas de servicios que detalla el decreto. En primer lugar atención, información y asesoramiento -sobre educación, sanidad, servicios sociales, empleo, vivienda, trámites administrativos, traducción, o mediación psicológica-; formación y aprendizaje -idioma, acciones para la obtención del certificado acreditativo del esfuerzo de integración y para el conocimiento de sus derechos y obligaciones, y fomento del autoempleo-; participación y sensibilización -para favorecer la interculturalidad, convivencia y promover el asociacionismo-.
Además, el decreto establece que deben disponer de medios adecuados, un local ubicado en Castilla y León, personal especializado y asegurar un horario de atención al público no inferior a 20 horas de lunes a viernes. Su reconocimiento se efectúa por resolución del órgano directivo central de la consejería competente en materia de integración de los inmigrantes con una vigencia de tres años, con posibilidad de prórroga por periodos iguales al de su vigencia. Su inscripción en el Registro de la Red se producirá de oficio una vez reconocido.
Centros de información y de sindicatos
Son centros en los que se facilita información de carácter general que pueda ser de su interés. Sus titulares pueden ser entidades locales o entidades sin ánimo de lucro - legalmente constituidas e inscritas en el registro que corresponda, que incluyan entre sus fines estatutarios la atención o integración de la población inmigrante y acrediten experiencia en la realización de actividades dirigidas a la integración social de los inmigrantes- .
Finalmente, los centros dependientes de las organizaciones sindicales tienen como finalidad esencial facilitar el acceso a los recursos generales y específicos que necesiten las personas inmigrantes y están contemplados en el Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León en materia de creación y mantenimiento del empleo e inmigración y convivencia intercultural, firmado en diciembre de 2014.