El proyecto de ley de Patrimonio Natural, aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno, eleva hasta los dos millones de euros las sanciones muy graves por el deterioro del medio natural y especies protegidas, crea un fondo dotado con recursos públicos y privados, entre ellos las indemnizaciones por las multas, y regula por primera vez un Catálogo de Paisajes Sobresalientes, un Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y un Intentario Regional de Bancos de Material Biológico y Génerico.

Éstas fueron algunas de las novedades de la ley, que sustituye a la de espacios naturales de 1991, detalladas por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que remarcó el objetivo de compatibilizar la actividad económica con la conservación y protección del medio ambiente y de contar con el acuerdo de los grupos en la tramitación en las Cortes.

Aunque no precisó en cuanto se actualizan, el consejero explicó que las multas por afección al medio ambiente oscilan entre los 500 y 5.000 euros para las leves, hasta los 200.000 para las graves y de dos millones para las muy graves, donde mencionó, como ejemplo, el envenenamiento de una especie protegida. Entre las primeras se refirió a la utilización de imagen de un espacio natural y entre las segundas a un deterioro de un paisaje.

El Fondo de Patrimonio Natural estará dotado por asignaciones de los presupuestos anuales de la Comunidad, aportaciones o donaciones privadas, por fianzas para responder ante daños causados al medio natural y por las indemnizaciones recaudadas de las sanciones, explicó el consejero, que añadió que este año se recogen 45 millones de las cuentas de su departamento para ello, a lo que unió los dos o tres millones derivadas de las multas.

Impacto ambiental

Otra de las novedades obliga a administraciones y promotores privados a analizar y tener en cuenta el impacto ambiental de las obras, infraestructuras, planes y programas desde el diseño inicial de los proyectos, lo que supondrá que los documentos incluirán ya su repercusión en el medio, a diferencia de lo que sucede hoy en día, cuando se someten una vez conocidos los proyectos.

La ley pretende, además de la regulación directa y sustantiva de conservación de espacios y biodiversidad, introducir la conservación como algo transversal para el resto de políticas sectoriales, donde incluye los planeamientos urbanísticos, los programas de desarrollo rural, la planificación hidrológica y nuevas infraestructuras.

Por ello, en la planificación se procurará evitar la afección significativa a las áreas naturales protegidas, zonas críticas para las especies amenazadas y hábitats en peligro de desaparición. Cuando el daño se considere inevitable, se deberá acreditar la inexistencia de alternativas viables o convenientes y, en su caso, se determinarán las medidas compensatorias correspondientes. En el diseño de nuevas infraestructuras lineales se buscará la utilización preferente de los corredores existentes garantizando, en todo caso, su permeabilidad para la fauna silvestre.

Paisajes sobresalientes

El paisaje contará con una nueva figura debido a su relevancia dentro del patrimonio natural, lo que requiere una cierta consideración y regulación, según la Ley. Como principal novedad se encuentra la creación de un catálogo de “paisajes sobresalientes” y criterios para su conservación que se aprobarían por decreto.

De este modo, esta figura, para los lugares no incluidos en la red de espacios naturales protegidos, se unirá a los parques naturales y nacionales, reservas y monumentos naturales, además de otros paisajes protegidos. También se recogen los Humedales de Importancia Internacional del Convenio Ramsar o las Reservas de la Biosfera de la Unesco.

Otra novedad es el nacimiento de la Red de Áreas Naturales Protegidas, que pretende englobar a todas las figuras en una única red “que permita dar una coherencia”. Ahora existen la REN (Red Espacios Naturales) y la Red Natura 2000, así como LIC y Zepas. Además hay otras como Zonas Naturales de Protección Especial (ZNPE).

En cuanto a la conservación de la biodiversidad de las especies, hasta ahora había una legislación directa del Estado. A partir de esta norma se recoge y se desarrolla en un título concreto, dentro del cual se crea un catálogo de especies amenazadas en régimen de protección especial, así como las de régimen de atención preferente en Castilla y León (no están amenazadas pero si deben ser vigiladas).

El Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluye el Catálogo de Especies Amenazadas y el Inventario de Especies de Protección Especial. Entre las de catalogación especial, Silván citó la cigüeña blanca; el oso, aguila imperial o lince, entre las amenazadas y la cigüeña negra entre las vulnerables.

Recuperar las ayudas

Por otro lado, el texto cita en un punto las ayudas para los municipios de influencia socioeconómica incluidas en terreno de la Red de Espacios Naturales. Subvenciones que existían tradicionalmente por parte de la Consejería para ayudar en actividades que fueran compatibles, pero que llevan suspendidas tres años por la crisis.

Sin embargo, la Junta tiene la determinación de retomarlas “cuanto antes, en cuanto la disponibilidad lo permita, y por eso se mantienen en la ley”. Este tipo de ayudas se otorgaban a los municipios de la Red de Espacios para actuaciones como depuradoras, infraestructuras y obras urbanísticas en pueblos que están en estos espacios.

Simplificación burocrática

La nueva regulación persigue una protección transversal del patrimonio natural castellano y leonés para que, no sólo sea compatible con el desarrollo socioeconómico de la Comunidad sino que, incluso, se convierta en uno de sus motores, dado que el patrimonio natural se considera una seña de identidad comunitaria ya que el 26,4 por ciento de su superficie esta en la Red Natura 2000.

Otra de las líneas maestras es que la norma simplifica la tramitación administrativa en medio ambiente y que todos los procedimientos se integren en otros ya establecidos, lo que “ayudará a una mayor agilidad para llevar a cabo las actividades económicas”.