El déficit de la Junta en el año 2008 superó los 502 millones de euros, cifra que supone más del doble de los 184 millones que reconoció la Administración regional. Así se puso de manifiesto hoy en la comparencia del presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Pedro Martín Fernández, ante la Comisión de Hacienda de las Cortes, en la que presentó el Informe de Fiscalización de la Cuenta General del año 2008.
Ante estas cifras, el procurador socialista José Francisco Martín Martínez afirmó que, de forma sistemática, “se viene registrando una ocultación real del déficit”, y criticó que su grupo lleva pidiendo desde hace un año la comparecencia de la consejera de Hacienda para que dé explicaciones de las cuentas generales de los años 2009 y 2010. Además, comentó que la desviación del déficit o el superávit reconocido por la Junta no es una excepción, ya que en los dos ejercicios anteriores se registraron situaciones similares.
Por su parte, José María González Suárez, portavoz del Grupo Mixto, indicó que estas cifras “demuestran claramente que la gestión de la Junta es sinónimo de más déficit y más deuda, a la vez que explican que la situación económica actual es algo que viene de antaño”.
Mientras tanto, el popular Jesús Encabo salió al paso de las críticas del PSOE, afirmando que “después de tantos engaños con las cuentas públicas no podemos admitir lecciones del PSOE”. En este punto recordó la diferencia existente entre el 6 por ciento de déficit que inicialmente reconoció el Gobierno socialista en el traspaso de poderes y el 8 por ciento que finalmente se ha asumido por el PP al llegar al Ejecutivo.
Además, argumentó que detrás de estas cifras está el “histórico déficit sanitario” que arrastran el conjunto de las autonomías, y el nulo desarrollo que el anterior gobierno del PSOE realizó a partir del 2004 del Fondo de Cohesión Sanitario”.
En el informe de fiscalización, el Tribunal de Cuentas también critica que las recomendaciones realizadas en anteriores ejercicios no se han aplicado, “ya que se mantienen la gran mayoría de las debilidades, tanto en la Administración Regional, como en el resto de las entidades sujetas a contabilidad pública”.
Durante su comparecencia, Pedro Martín Fernández, que pidió que se acorten los plazos para rendir cuentas por parte de la administración, también presentó un informe sobre la contratación administrativa relativo al año 2008, en el que se analizan los contratos realizados a partir del 30 de abril de ese año, coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. En el mismo se destaca que son numerosas las irregularidades que se cometieron en los contratos por procedimiento de urgencia y por procedimiento negociado. Con relación a los primeros, en el informe del Tribunal de Cuentas se señala que en más de la mitad no se argumentó debidamente su urgencia. Sobre los de procedimiento negociado se indica que en 18 de los 24 analizados, “básicamente realizados por la Consejería de Fomento, no hay constancia de la negociación llevada a cabo para selección ni para la fijación del precio del contrato”.
En el informe, Pedro Martín Fernández comentó que los órganos de contratación deberían limitar estrictamente la utilización de la tramitación de emergencia a los casos que contempla la ley, y garantizar que la documentación de los expedientes es adecuada y suficiente “tanto para motivar la tramitación que se realice de urgencia, como para justificar la utilización del procedimiento negociado sin publicidad. Y deberían notificar, tanto las resoluciones provisionales como las resoluciones definitivas, así como realizar todas las publicaciones exigidas”.
El socialista Martín Martínez afirmó que se trata de un informe “demoledor, dado que de los 62 contratos analizados no se libra ninguno de irregularidades. Es una antología del disparate”. Mientras, José María González criticó que “una vez más se vuelve a incidir en los mismos problemas y se pide más objetividad y menos urgencia”.
Por su parte, Jesús Encabo restó importancia al informe y explicó que “viendo las alegaciones presentadas nos damos cuenta que no estamos ante errores tan dramáticos”. Como ejemplo, señaló un contrato de Itacyl para adquirir una máquina de procesar alimentos, de la que sólo hay un fabricante en toda Europa, o que muchos contratos se tramitaron por la ley antigua dado que la entrada en vigor de la nueva coincidió con los últimos días de procesos que estaban abiertos. Encabo aseveró que “no se puede negar que existen incumplimientos, pero la magnitud de las irregularidades es mínima”.