El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, se sentará a partir de este martes en el banquillo para encarar el primer juicio de los que tiene pendientes en el Tribunal Supremo. Las acusaciones particulares piden que sea inhabilitado hasta un máximo de 17 años por intervenir conversaciones que los implicados en la trama 'Gürtel' mantuvieron en prisión con sus letrados.

Este proceso, en el que la fiscal Pilar Fernández Valcarce no presenta acusación por no ver delito, es el primero que concluye en vista pública de los tres que Garzón tiene abiertos en el alto tribunal.

A finales de este mes el popular magistrado tendrá que responder de una presunta prevaricación por investigar el franquismo careciendo de competencias y aún está por decidirse si se le abre juicio oral por unos cobros que habría presuntamente recibido del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.

Las acusaciones las ejercen el abogado Ignacio Peláez (ex fiscal de la Audiencia Nacional y defensor del imputado en 'Gürtel' José Luis Ulibarri) que pide que Garzón sea inhabilitado durante 10 años, y los imputados en 'Gürtel' Francisco Correa y Pablo Crespo, que solicitan que dicha inhabilitación sea de 17 años.

La defensa de Garzón, que ejerce el también ex fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, ha intentado hasta el último momento evitar la celebración esta semana de una vista que, a su juicio, se desarrollará ante un tribunal que adolece de la imparcialidad necesaria.