La Plataforma Sindical Conjunta de la Enseñanza Pública, que conforman CSIF, STECyL-i, ANPE, UGT y CCCO, presentó una docena de medidas que estiman como necesarias para recuperar de forma progresiva, a lo largo de la presente legislatura, los derechos retributivos y laborales perdidos en educación desde 2009. "No puede caer año tras año el porcentaje del PIB de Castilla y León destinado a educación, no podemos mantener una educación de calidad con un presupuesto recortado", subrayó el responsable autonómico de STECyL-i, Pedro Escolar, que cifró en 300 millones de euros la caída del presupuesto anual destinado a educación en la Comunidad desde 2009.
Para frenar esa "sangría", los cinco sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Educación no Universitaria remitieron el pasado jueves, 10 de noviembre, un escrito a la Consejería de Educación, con plena "voluntad de acuerdo y de negociación", en palabras de Mariano González, de CSIF. Con ese documento en las manos, esperan además recabar apoyos de todos los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León, para "propiciar un pacto que ponga fin a los recortes de los presupuestos educativos", en palabras de Escolar.
Él mismo subrayó que ese gran acuerdo deberá "impedir el retroceso en el gasto público destinado a la educación en la Comunidad, en especial el destinado a los centros públicos, y que propicie el aumento progresivo del gasto público educativo hasta alcanzar el porcentaje del PIB medio de la OCDE", cifrado en el 5,5 por ciento. "En 2006 llegamos a un acuerdo con la Junta, en virtud del cual el profesorado debería llegar al menos a la percepción media del conjunto de España. Con ese objetivo, hasta 2008 se implantó el complemento autonómico específico, pero todo se frenó en 2009, y el profesorado de Castilla y León sigue en los puestos de cola. Ahora hay menos diferencia que antes entre las regiones, pero hay que recuperar el terreno perdido", destacó.
Peticiones concretas
La docena de aspectos que han incluido los sindicatos en su propuesta de acuerdo incluyen cuestiones como las mejoras retributivas para los docentes de la enseñanza pública, mejora de plantillas de los centros públicos (reduciendo el ratio de alumnos por aula), la recuperación progresiva del horario lectivo previo al Decreto Wert, el reconocimiento de la función tutorial, la mejora de la instrucción sobre sustituciones del profesorado, la revisión de los permisos y licencias del personal funcionario docente, la estabilidad en el empleo y mejora de las interinidades con incremento de la oferta de empleo público docente, la actualización y mejora del acuerdo de itinerantes, actuaciones en prevención y en riesgos laborales, mejoras en la formación del profesorado, mayor participación en la negociación de planes y programas de la Consejería de Educación, y la creación del Libro Blanco de la Función Docente en Castilla y León.
"Son 12 grandes medidas pero el profesorado se las merece, porque todos estos años ha hecho un grandísimo esfuerzo, que ha permitido a la educación de Castilla y León seguir a la cabeza en el Informe Pisa. No podemos seguir tirando del carro nosotros solos, y necesitamos apoyos para recuperar nuestros derechos y seguir teniendo una educación pública de claidad2, resaltó Mariano González, de CSIF.
"El nuevo Gobierno de España ha manifestado por activa y por pasiva su voluntad de consenso y de negociación, ya veremos, porque entre las primeras cosas que deberían hacer está derogar el Decreto Wert de recortes", subrayaron Escolar junto a la representante de ANPE, Pilar Gredilla.
Esta última explicó que la Administración autonómica está estudiando en estos momentos su propuesta, que calificó como "amplia", y destacó que buscan respaldar esas peticiones con el establecimiento de un "marco temporal y viabilidad presupuestaria". "Queremos contar con el compromiso político y que sean sensibles con los presupuestos de educación", añadió.
En opinión de Nuria Benito, de CCOO, será preciso establecer "prioridades" en el calendario, como "frenar la pérdida de profesorado y detener la precariedad en las condiciones de los docentes para retrotraer la situación". "Establecer una oferta de empleo público suficiente será uno de los primeros pasos que haya que dar para poner en marcha esta negociación", sentenció antes de cifrar en alrededor de 3.000 los profesores que ha perdido Castilla y León desde 2009 (33.000 en el conjunto del Estado).
En la presentación del documento también intervino la representante de UGT, Rosa Torremocha, quien insistió en que reclamarán "la implicación de todos los procuradores en un pacto educativo", ya que "si queremos mantener esa calidad de nuestra educación de la que tanto nos enorgullecemos, no es posible hacerlo con el presupuesto actual".