La Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León aprobó este lunes por unanimidad el proyecto del plan anual de fiscalización del Consejo de Cuentas para el ejercicio de 2012, después de que el Grupo Popular rechazara las enmiendas parciales presentadas por el Grupo Socialista, que pedían que este órgano realizara este año auditorias de las empresas que han recibido ayudas de la Junta y luego se han deslocalizado, así como sobre un mayor control sobre la contratación por parte de empresas públicas y fundaciones.
El portavoz del PP en la Comisión de Hacienda, Jesús Encabo, defendió que el Consejo de Cuentas “ya tiene bastante carga de trabajo” para sumar nuevos informes y que además es necesario dejar a este órgano “fuera del debate político”. “No es conveniente estar modificando el plan anual de fiscalización para incluir enmiendas sobre el debate del momento”, remarcó.
A este respecto, Encabo criticó la actitud del Grupo Socialista, que recordó que en 2004 se mostró de acuerdo con esta cuestión y que, sin embargo, “cada año” proponen enmiendas para “meter al Consejo de Cuentas en el debate político”. “Nosotros no somos partidarios de meterlo; si este órgano quiere fiscalizar algo, estupendo, nosotros nunca nos hemos opuesto a lo que ha propuesto”, remarcó.
En esta línea, el portavoz popular recordó que “al principio” el Consejo presentaba unos plantes anuales “muy ambiciosos y cada vez se acumulaban más informes de fiscalización pendientes”, pero que, tras una reunión entre sus responsables y la Comisión de Hacienda en febrero de 2009, ha descendido ese número de asuntos pendientes porque “la maquinaria se ha ido perfeccionando y ellos aquilatan mucho más lo que pueden hacer”.
Por ello, animó a la oposición a que si quiere en el futuro introducir enmiendas en su plan anual sean de “sustitución no de adicción” porque el proyecto que elabora este órgano sobre su actuación anual es “un máximo”.
Por su parte, el portavoz de Hacienda del PSOE, José Francisco Martín, aseguró que su grupo no entiende el rechazo del PP a sus enmiendas porque “es ahora cuando más hay que fiscalizar las cosas”, por lo que pidió a la Junta que dote al Consejo de Cuentas de “más medios y recorte en empresas públicas que no valen para nada”.
Respecto a sus propuestas, calificó de “fundamental” conocer “cómo se tramitaron”las subvenciones y ayudas de la Junta a empresas que ahora se están deslocalizando y “por qué no se ligaron a su continuidad en Castilla y León”, además de mostrar su “preocupación” por cómo están haciendo las contrataciones las empresas públicas y fundaciones, y por las “irregularidades en Sotur”.
En nombre del Grupo Mixto, José María González (IU) apoyó las enmiendas socialistas porque “es bueno que todos los recursos públicos sean controlados por el Consejo de Cuentas”, por lo que pidió que cuente con los medios necesarios para ello.
Fiscalizaciones especiales
El Consejo de Cuentas de Castilla y León incluye la fiscalización de la gestión del Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl), adscrito a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta, en su ejercicio de 2011 en el proyecto anual de actuaciones especiales de la institución para el año 2012.
También como fiscalizaciones especiales propone la justificación de las subvenciones con anticipo del cien por cien en 2011 y las subvenciones destinadas a la explotación de servicios deficitarios de transporte público regular de viajeros por carretera y la contratación de las empresas públicas de Castilla y León.
En el mismo apartado, incluye el informe sobre la provisión y situación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación nacional en las entidades locales, así como la fiscalización de determinadas áreas del ayuntamiento de Velilla del Río Carrión (Palencia).
El listado de las siete fiscalizaciones especiales se completa con las que tiene que realizar el Consejo de Cuentas por mandato legal, que son la Cuenta General de la Comunidad de los ejercicios 2010 y 2011. En ella, se analizan las entidades del sector público, las empresas públicas, las fundaciones, los expedientes justificados del Fondo de Compensación Interterritorial y la contratación administrativa de la Administración General e Institucional de la región
Por otro lado, el Consejo de Cuentas tiene en ejecución diez fiscalizaciones especiales, entre ellas las subvenciones incluidas en el programa de apoyo a las familias de la Comunidad y de fomento de la conciliación de la vida personal y familiar de 2010.
También está analizando la orden de 2006 de la Consejería de Hacienda por la que se autorizó la revalorización contable de determinados bienes inmuebles que conforman el inmovilizado de la Administración General de la Comunidad y la gestión de recursos humanos de las empresas públicas del sector público local del ejercicio 2008, así como las cuentas de los ayuntamientos de Toro (Zamora) y Arenas de San Pedro (Ávila) del año 2008 y las de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) de 2006.