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La Alianza exige medidas en 2017 que garanticen 'precios justos' para los agricultores y ganaderos de Castilla y León

  • Estarán 'muy vigilantes' a lo que ocurra tras la desaparición de las cuotas remolacheras en septiembre de este año
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Castilla y León Televisión - martes, 3 de enero de 2017

Ical.- La Alianza UPA-COAG apuntó este martes como uno de los principales retos en el mundo rural de Castilla y León en el año 2017 que se adopten medidas tanto a nivel nacional como autonómico para "reequilibrar la cadena alimentaria" y que los agricultores y ganaderos "perciban unos precios justos por sus producciones".

La organización recordó que 2017 no puede convertirse en un año perdido, "como fue 2016", en el desarrollo de figuras claves para Castilla y León como deben ser el defensor de la cadena alimentaria, la Junta de Arbitraje y Mediación y el Observatorio Regional de la Cadena Alimentaria, para "resolver la problemática del desequilibrio de la cadena agroalimentaria, en la que unos eslabones pasan penurias (agricultores y ganaderos) y otros se enriquecen con porcentajes de beneficios cada vez más abusivos (Industria y Distribución)".

La Alianza UPA-COAG reclama a la Junta de Castilla y León que a través de la Ley Agraria dé un paso al frente y aborde sin dilación alguna este problema, y además demuestre con hechos que "está del lado de un sector estratégico como es el agrario velando por la obtención de precios justos para todos los sectores agrícolas y ganaderos", indicó a través de un comunicado.

La opa reclamó para este año 2017 que se avance en la consolidación del diálogo social agrario a través de nuevos órganos consultivos que permitan avanzar en logros que, a su juicio, son "urgentes" para la generación de riqueza y empleo en comarcas y zonas especialmente desfavorecidas y acuciadas por el "grave despoblamiento" que sufre el medio rural.

Otro de los grandes retos en este 2017 para la organización agraria es que se aporten soluciones a los sectores ganaderos de leche (vacuno, ovino y caprino) en Castilla y León puesto que un año más en las condiciones actuales de precios por debajo de los umbrales de la rentabilidad dejará "al borde de la desaparición" a cientos de profesionales por todo el territorio regional.

Además, advirtieron desde La Alianza de que estarán "muy vigilantes" a lo que ocurra tras la desaparición de las cuotas remolacheras en septiembre de este año, y seguirán luchando en los tribunales de Justicia para que se lleve a efecto la sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia, que decidió dar la razón a su reclamación contra el Gobierno regional, para que pague a 5.315 remolacheros de Castilla y León los 3 euros por tonelada correspondiente a la campaña 2011/2012 que se comprometió a abonar a los productores y que no lo hizo en su día.

La Alianza UPA-COAG deseó también que los profesionales del sector no sufran un año más el incremento especulativo de los costes de los insumos, con especial incidencia en la energía, los fertilizantes y las semillas. Además, reclamó que el Ministerio de Agricultura recupere en el 2017 el porcentaje de apoyo a los seguros agrarios, y que en este último año se redujo en diez puntos de ayuda lo que ha supuso un incremento considerable para el bolsillo de los agricultores y ganaderos.

De igual modo, la organización agraria consideró "clave" que la Administración regional actúe con responsabilidad ante los "gravísimos perjuicios" que toda clase de fauna silvestre está provocando en la agricultura y ganadería de la Comunidad.

La Alianza también exigió a las administraciones que los recortes sociales no sigan afectando a las mujeres rurales y por lo tanto al impulso del crecimiento económico de los pueblos. "Es fundamental avanzar en materia de igualdad, conciliación, sanidad, educación, infraestructuras y en servicios de atención a las víctimas de violencia de género", aseveraron.

Con todas estas premisas, La Alianza UPA-COAG reclamó "sentido común" a las administraciones para que los agricultores y ganaderos "no se sientan abandonados por las instituciones en su derecho de percibir unos precios justos y unos servicios sociales de primera categoría, además de sentirse valorados por el papel tan fundamental que desempeñan a la hora de producir alimentos de calidad para toda la población".

  

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