Los afectados por el macropolígono 'Canal de Castilla' han llevado a cabo una nueva tractorada desde Cigales (Valladolid) hasta las Cortes de Castilla y León para pedir al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que intervenga en este conflicto para que después de "casi seis años" puedan al fin cobrar sus tierras. En menos de hora y media, una decena de tractores se plantaron frente a la sede del Parlamento autonómico portando un cartel en el que exigían "dignidad y justicia".
"No se puede construir un polígono en unas tierras que todavía no están pagadas", incidió el presidente de Asaja Valladolid, Lino Rodríguez, mientras que la portavoz de la asociación de afectados, Ana Calzada, remarcó que exigen "una respuesta" porque los agricultores propietarios de los terrenos donde se va a construir el área industrial se han "fiado" del Gobierno regional y debe ser éste el que solucione el problema. "Ha sido un engaño manifiesto, nos han mentido y nos han engañado", apostilló Calzada.
Rodríguez explicó que la Consejería de Economía siempre ha dicho a los afectados que no podía pagarles las tierras a coste de mercado y que, sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León referida a un conflicto similar en la provincia de Burgos ha dictaminado que sí puede hacerse.
Asimismo, señaló que los propietarios encargaron un informe jurídico al respecto al mismo bufete con el que suele trabajar la Junta, que también afirma que no existe ningún impedimento jurídico para que el Ejecutivo autonómico, directa o indirectamente a través de una sociedad mercantil de su titularidad, adquiera los derechos de los iniciales dueños de la fincas expropiadas.
"Hemos presentado este informe hace mes y medio y la Consejería no sabe qué contestar, está bloqueado", destacó el presidente provincial de Asaja, quien aseguró que "no se puede tomar el pelo" a los agricultores de Cigales, Corcos del Valle y Cabezón de Pisuerga e instó a Herrera a "asumir el liderazgo" en este conflicto porque se trata de un proyecto de ámbito regional.
Por su parte, Calzada explicó que el 40 por ciento de los 180 afectados aún no han cobrado lo que les deben, alrededor de once millones de euros. "Hemos tenido que vender bajo presión a unas empresas y ahora no nos pueden decir que es un problema entre particulares porque es una expropiación", remarcó. Asimismo, adelantó que el Grupo Parlamentario Socialista planteará esta tarde en el Pleno de las Cortes una pregunta al respecto al consejero de Economía, Tomás Villanueva.
Por último, los afectados pidieron que se investigue por qué las empresas constructoras han emitido una factura a la Junta que asciende a siete millones de euros por realizar durante "escasos días" movimientos de tierras en la zona donde se va a construir el macropolígono 'Canal de Castilla'.