Berkeley, la empresa responsable del proyecto de minería de uranio a cielo abierto en Salamanca insiste en que su proyecto es legal y respetuoso ambientalmente. Levantada la paralización cautelar de las obras, vuelve a talar encinas en Retortillo. La mina que cuenta con la oposición frontal de colectivos ecologistas que advierten de un grave daño.

Se han arrancado 2.500 encinas centenarias. Berkeley asume el impacto pero asegura que devolverá el daño mejorando la zona. El debate social está servido entre quienes ven una fuente de empleo durante una década y quienes piensan que se rompe para siempre el ecosistema y el modo de vida de la comarca.

El proyecto depende de la autorización de cambio de uso del suelo que la Junta de Castilla y León deberá conceder o denegar en junio.

Incumple dos directivas europeas según los ecologistas

Varios de los grupos y partidos ecologistas que se oponen al proyecto de la mina de uranio que la empresa australiana Berkeley pretende poner en marcha en el término municipal de la localidad salmantina de Retortillo afirmaron que el proyecto incumple dos directivas europeas y que pone en peligro a especies en estado crítico de conservación, como la sarda salmantina, que podría "llegar a su extinción, algo muy grave".

Así se desprende del estudio elaborado por la zoóloga de la Universidad de Castilla-La Mancha, Graciela Gómez, quien se interesó en su investigación por los sistemas acuáticos afectados por el proyecto para "valorar los impactos de la Declaración de Impacto Ambiental, las medidas contempladas para disminuir los impactos y la propia Declaración".

Así, los resultados del estudio elaborado por Gómez son "muy claros" puesto que "con la realización de este proyecto minero, se incumplirían la Directiva Marco de Aguas y la Directiva de Hábitats, responsabilidades adquiridas por países y Comunidades Autónomas que no se pueden incumplir", relató.

La investigadora valoró que en el estudio, se hizo un seguimiento del estado ecológico de los ríos afectados por el proyecto y que su estado es "peor que bueno" y que "ya no cumple la Directiva Marco de Aguas, por lo que cualquier alteración mínima del río supondría alterar un agua ya alterada y se incumpliría aún más la normativa europea".

También afirmó que la extracción de agua subterránea y fluvial "no tiene en cuenta que no hay series históricas de caudales del río y por tanto no se puede hacer una estima" y que el tratamiento que se hace es "general, no para cada uno de los componentes, por lo que siempre se aportarán contaminantes al río, con concentraciones que aunque sean pequeñas, causan daños muy importantes al río y sus especies".

En ese sentido, Gómez y la representante de Grefa, Lorena Hernández, afirmaron que hay varias especies afectadas "en estado crítico de conservación", como la cigüeña negra o el galápago europeo, pero que hay una "especialmente afectada" como es la sarda salmantina, distribuida "mundialmente" en los ríos de la comarca salmantina y que presenta "abundancias muy bajas y déficit de reproductores", por lo que cualquier afección del río, "por mínima que sea, alteraría las poblaciones de esta especie y se podría llegar a su extinción, algo muy grave".

Por ello, partidos y asociaciones como Equo, Ecologistas en Acción o Grefa, se oponen al proyecto de la mina de uranio porque se enmarca en "la dehesa, que se ha conservado durante siglos por y para la ganadería y las especies, y que es una de las zonas protegidas por la Red Natura, financiada con dinero público, para la conservación de especies vegetales y animales", explicó Hernández.

Oposición "total y frontal"

La coportavoz de Equo en Castilla y León, Marta Santos, que también participó esta mañana en la jornada organizada por Grefa con periodistas y activistas en contra de la mina en las localidades de Retortillo y Villavieja, afirmó así que "la postura de Equo es de total y frontal oposición al proyecto minero" por ser, en su opinión, "un despropósito que no reúne las características legales ni medioambientales".

Santos afirmó que el PP "se ha quedado solo en la defensa de este proyecto" y, tras mencionar el papel del exconsejero de Economía de la Junta, Tomás Villanueva, o del comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, en la concesión del mismo, afirmó que a Berkeley "le faltan muchos permisos todavía" para continuar con la mina.

Por su parte, la representante de Ecologistas en Acción en Salamanca, Carolina Martín, criticó que Berkeley "no es una empresa minera sino especuladora de derechos mineros porque solo busca conseguir, con ayuda de políticos de gran calado, los permisos y las autorizaciones para vender el proyecto a terceros". Además, afirmó que la riqueza de uranio de la zona "es mínima" y que, además, la energía nuclear "no es ninguna solución para el cambio climático porque lo acrecienta".

También participaron en la jornada los representantes de la plataforma ciudadana 'Stop Uranio', Jesús Cruz e Hipólito Velasco, que hicieron un recordatorio de los problemas judiciales y de "falta de permisos requeridos" del proyecto, y uno de los vecinos afectados, Fernando Rodríguez, quien afirmó haber recibido "presiones" para acetpar "un justiprecio" por la venta de 215 hectáreas de su propiedad para la puesta en marcha del proyecto.

Solicitud de varios alcaldes

Por último, el alcalde de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez, mostró su disconformidad ante la futura realización de una planta de tratado en la zona, considerada instalación radioactiva, porque "hay una empresa nacional con una planta de tratado de primera categoría a 30 kilómetros", en referencia a Quercus, propiedad de Enusa.

Por ello consideró que el proyecto está "absolutamente fragmentado", que a los municipios "no se le comentaban algunos pasos, como la posibilidad de realizar vertidos o que el tratado no sea solo del uranio extraído aquí sino en otros lugares" y que, ante esta situación, su Ayuntamiento "se opone al proyecto". Una lucha para la que, asegura, cuenta con más de una decena de alcaldes de otros municipios de la zona que este domingo presentarán ante el Ayuntamiento de Retortillo la petición para que "no declare de interés público el proyecto" de la mina de uranio.