El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, afirmó este lunes que la financiación del nuevo Plan Estatal de Vivienda complementará el plan de 22 medidas urgentes en materia de vivienda, aprobadas por decreto por la Junta de Castilla y León. Aseguró que la dotación presupuestaria “no está reñida” con la adopción de políticas “concretas” para facilitar a las familias en apuros el acceso y el mantenimiento de la vivienda.

Silván, que presidió la reunión de la Comisión de Vivienda del Consejo del Diálogo Social, explicó a las organizaciones sindicales que la batería de medidas, que convalidaron las Cortes el pasado miércoles, se aplicará aunque la financiación para el nuevo periodo en materia de vivienda está “abierta”. El Gobierno de España ya ha aprobado el nuevo plan estatal, si bien está pendiente de que el Ministerio de Fomento firme con las comunidades los convenios que fijan las aportaciones de la administración central.

El consejero hizo hincapié en que son medidas “urgentes” para familias de Castilla y León que no pueden acceder a una vivienda o que la pueden perder por la situación económica. Como ejemplo, Silván señaló que la moratoria en el pago de la renta o de la mensualidad para la compra depende de un título habilitante, no de una partida presupuestaria. También, señaló que se abre la puerta a cambiar de vivienda (protegida) cuando se cambie de localidad por motivos laborales.

De la misma forma, el consejero aseguró que no es necesaria la financiación para crear un parque público de viviendas. Por ello, sostuvo que la financiación no es una razón para quedarse “quietos” y “parados”.Por ello, invitó a la patronal y los sindicatos a enriquecer en el trámite parlamentario el proyecto de ley de medidas en materia de vivienda ya que en octubre se abrirá el plazo de presentación de enmiendas. También, Silván animó a participar a los grupos políticos de las Cortes durante el pleno extraordinario del 28 de agosto en el que se convalidó el Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda.

El titular de Fomento afirmó que la política de vivienda no tiene ideología en Castilla y León, sino que persigue ofrecer “soluciones”. Al respecto, Silván expuso que este paquete de 22 medidas tiene un triple objetivo que también se marca el nuevo texto legal. Pretende facilitar el acceso a una vivienda a las las familias con más dificultades, garantizar el mantenimiento de la vivienda y reactivar el sector de la construcción para que contribuya a la recuperación económica.

El encuentro, que Silván calificó de “productivo”, “positivo” y “efectivo”, dio el “banderazo de salida” a las conversaciones con los agentes sociales y económicos, que se volverán a sentar la próxima semana para poner sobre la mesa propuestas que complementen las medidas aprobadas por la Junta. El consejero subrayó que su departamento pretende aprobar “cuanto antes” la nueva norma en materia de vivienda.

Medidas

El Decreto Ley incluye nuevos colectivos en riesgo como las familias con todos sus miembros en paro, afectados por desahucios, personas que pierdan su casa por una separación, divorcio o nulidad matrimonial o por una expropiación o ruina, damnificados por catástrofes o por ocupar una vivienda con deficiencias en su habitabilidad.

Además, con él, la Junta facilita el pago de las cuotas de compra o alquiler de sus VPO para evitar desahucios, facilitando moratorias o reestrucuraciones de la deuda hipotecaria, así como aplazamientos en los pagos de la renta, rebajas de hasta el 50 por ciento en las mensualidades y la renegociación de la deuda contraída con la Administración autonómica. También, prevé facilitar el acceso a la propiedad con descuentos del 30 por ciento por amortización anticipada y del 40, si se adquiere una vivienda en arrendamiento.

También, Fomento aplica en las viviendas de promoción pública sin adjudicar una reducción del 20 por ciento los precios de venta y alquiler para que puedan acceder a ellas colectivos más amplios, si bien esto afectará a las próximas viviendas en adjudicar y no a las 12.471 viviendas públicas existentes, de las cuales 11.332 corresponden a venta y 1.139 a alquiler, mientras que 100 permanecen desocupadas para situaciones de emergencia.

Además, la Junta ha establecido la obligación de que la Junta y los ayuntamientos reserven un número de viviendas para atender situaciones de emergencia, en colaboración con los servicios sociales.

A esta medida, se une la creación de un parque público de viviendas en alquiler con la reserva de un 30 por ciento de las viviendas desocupadas y de los terrenos de uso residencial. Será gestionado por la Junta y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.

Por otra parte, la Consejería recoge en esta ley el nuevo Programa de Fomento del Alquiler, que tenía previsto poner en marcha en los próximos meses y que suponía la fusión de la Bolsa de Alquiler para Jóvenes y el Revival (Reserva de Vivencias Vacías para el Alquiler). Se caracterizará por ofrecer un sencillo procedimiento de intermediación, así como seguridad con la suscripción de seguros que cubran impagos o desperfectos. Además, establece un límite en la renta a pagar, que será del 80 por ciento del precio de alquiler de una VPO.

Titularidad privada

En cuanto a las viviendas de protección y titularidad privada, el Gobierno autonómico ha regulado la ampliación del periodo de amortización de préstamos hipotecarios, sin necesidad de autorización administrativa previa, y no reclamará la devolución de las ayudas de la Junta en caso de subasta, dación en pago, desahucio o reestructuración de la deuda. También, aplicará un descuento del 20 por ciento en los precios fijados de venta y alquiler.

Para solucionar el 'stock' de viviendas protegidas de titularidad privada, la Junta flexibiliza los requisitos de adquirientes y arrendatarios, así como como las exigencias fijadas para los jóvenes y las viviendas de precio limitado para familias. También, se podrá adquirir una VPO, aunque no se cumplan los requisitos, si se asume el compromiso de alquilarla al menos cinco años, así como de arrendarla a personas que no cumplan lo establecido en la ley en caso de movilidad laboral.

Ademas, el Ejecutivo adelanta la opción de compra antes de que trascurra el pazo de diez años de calificación, que también se ha rebajado.