COMISIÓN EJECUTIVA FRMP

Una ordenación del territorio para que los municipios sean más fuertes y con servicios esenciales

El vicepresidente de la Junta, De Santiago Juárez, informa a la FRMP sobre el Anteproyecto de Ley del mapa de Ubost

Ical

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, reiteró que el proyecto de ordenación del territorio que impulsa el Ejecutivo pretende conseguir que los municipios "sean más fuertes" y "garantiza" los servicios esenciales que presta la Administración autonómica. "Se garantizan los servicios, especialmente en el medio rural. Se garantizan la educación, la sanidad, los servicios sociales y la atención a las personas con algún tipo de dependencia", enumeró. "La única forma de ser más fuertes, con 2.248 municipios, de los cuales más del 70 por ciento tienen menos de 500 habitantes, es uniéndose con el fin de prestar mejores servicios a los ciudadanos", añadió.

De Santiago-Juárez hizo estas declaraciones antes de comparecer en la Comisión Ejecutiva de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) para informar sobre el Anteproyecto de Ley del Mapa de Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio (Ubost). En la reunión y la comparecencia ante los medios también intervino el presidente de la FRMP, Alfonso Polanco. "Estamos en la recta final de la ordenación. Empezamos a trabajar en ella hace más de cuatro años. Hasta ahora, todo lo hemos conseguido y el avance ha sido gracias al acuerdo, al pacto y al consenso", aseguró. "Ha habido mucho diálogo, reflexión y explicaciones a los municipios para ir construyendo algo que era vital para Castilla y León, que se había intentado varias veces y siempre se había fracasado porque es fácil entender que un territorio como el de Castilla y León requiere una ordenación del siglo XXI. No podemos seguir con una ordenación de hace más de dos siglos", sentenció.

En este sentido, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico recalcó que los municipios, "por pequeños que sean", tienen asignadas por ley unas funciones y competencias "que deben ejercer y que ejercerán mucho mejor unidos" y apostilló. "El objetivo de la ordenación es, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mantener los servicios de educación, de sanidad, de servicios sociales que presta la Junta en el medio rural. Eso va directamente a los ciudadanos".

'Bálsamo de Fierabrás'

José Antonio de Santiago-Juárez citó el Quijote para recordar que, "aunque algunos lo creen así y dicen que no aceptarán un cheque en blanco", la ordenación del territorio "no es el bálsamo de Fierabrás" y sus objetivos responden a mejorar la prestación de servicios y asegurarlos tanto en el medio rural como en el urbano. "A través de la ordenación se pueden hacer muchas cosas pero no todas. Pensar que la ordenación es el bálsamo de fierabrás que soluciona todos los problemas es estar completamente equivocado y es no conocer cuáles son los objetivos básicos de la ordenación del territorio", dijo. "Un municipio de 300 habitantes difícilmente podrá prestar con calidad esas funciones que la ley le encomienda; en cambio, si se agrupan voluntariamente, sin duda serán más fuertes y podrán prestar esos servicios de una forma más adecuada, con más eficiencia y con más calidad", aseguró.

El vicepresidente de la Junta consideró que la ordenación del territorio "no es un conjunto de mapas" y afirmó que quienes opinan de esa manera "no entienden nada" porque ese proceso persigue "prestar buenos servicios" a los ciudadanos. "Estamos ya en la recta final. Hemos aprobado la Ley de Ordenación, que es el pilar básico de todo este puzle, y posteriormente, la ley que ordena los municipios de más de 20.000 habitantes y los alfoces", precisó, en alusión a entornos en los que viven 1,6 millones de personas. "Nos falta por ordenar el medio rural, donde viven unas 900.000 personas, que es en la fase que estamos", agregó.

Después de que la Junta de Castilla y León informase el pasado jueves sobre el proyecto de ley, que ya ha iniciado su tramitación, la Administración regional pretendía que "los primeros que la conocieran" fueran los integrantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias. "Después de la FRMP, el próximo 4 de noviembre, pasará al Consejo de Cooperación Local, luego lo mandaremos al Consejo Económico y Social (CES) y, posteriormente, al Consejo Consultivo para, con los informes del CES y del Consultivo, empezar la tramitación parlamentaria", detalló. "A partir de ahora, seguiremos negociando, como hemos hecho hasta ahora, que hemos negociado y mucho. No hemos dejado de negociar y, a partir de ahora, tenemos que seguir negociando para concluir con éxito este proyecto que hoy vengo a presentar a la FRMP", reiteró. "Una vez que se culmine este proceso, habrá 193 unidades básicas de ordenación, en vez de 2.248 municipios. Creemos que esto tiene más sentido. Si somos capaces que los municipios se agrupen voluntariamente para prestar servicios, lo harán con eficiencia y con calidad. Es la salida que tiene un territorio como Castilla y León", rubricó.

Supresión de municipios

Por lo que se refiere a los rumores de supresión de municipios que han acompañado desde el principio al desarrollo de la ordenación territorial, De Santiago-Juárez tildó de "barbaridad" tal posibilidad. "Hay grupos políticos que plantearon la posibilidad de suprimir municipios de menos de 1.000 habitantes y lo dicen y no se despeinan y, a mí, eso me parece una barbaridad porque lo que suprimes es el rótulo del municipio pero los ciudadanos siguen viviendo allí y les tienes que dar y llevar allí los servicios", explicó. "¿Qué hacemos? ¿Quitamos el rótulo, tiramos todas las casas y les llevamos a vivir en una zona y hacemos nuevas casas? El ciudadano vive donde quiere. Usted podrá quitar el rótulo de ese municipio y todos los de menos de 1.000 ya no tendrán rótulo ni municipio pero los ciudadanos tienen sus casas donde las tienen y habrá que llevarles los servicios allí", anotó.

Respecto a las afirmaciones desdes ciertos sectores de que se trata de una "ley de la Junta", De Santiago-Juárez indicó que el anteproyecto fue sometido durante tres meses a la participación de "todos" los ciudadanos, desde el 30 de septiembre hasta el 31de diciembre de 2015 y que, posteriormente, se pidió un informe a las nueve diputaciones y al Consejo Comarcla de El Bierzo antes de dar audiencia durante otro mes y someter a información pública a todos los municipios de Castilla y León, sin contar con la atención prestada, entre otros informes, al del Consejo de Alcaldes. "Se han dicho muchas cosas, como lo del cheque en blanco, pero de lo que estamos hablando es de ordenar para mejorar la prestación de servicios. Hemos atendido miles de peticiones. Lógicamente, hemos estudiado el informe del Consejo de Alcaldes y muchas de las cuestiones que estaban en el informe se han incorporado pero es que seguimos negociando", comentó. "No es un proyecto de la Junta sino que la Junta ha hecho el proyecto con la participación de mucha gente, abierto a los ciudadanos para que todos pudiera hacer sus aportaciones durante más de cinco meses. ¿Cómo se puede decir que esto es una ley de la Junta?", se preguntó.