Castilla y León será la primera comunidad en dotarse de una ley de diálogo civil y democracia participativa, aprobada este jueves por el Consejo de Gobierno, con la que se quiere implicar a la sociedad y que los ciudadanos se sientan ''cómplices'' en la elaboración de normas por parte del Gobierno autonómico, en la formulación de iniciativas ciudadanas o en la petición de consultas populares no referendarias sobre materias específicas.
''Se da un paso más, se amplía el espacio de la sociedad civil y se reduce el espacio político'', defendió el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, al presentar las novedades de este proyecto de ley que remite ahora a las Cortes. ''Es un diálogo para la acción, para la resolución de problemas, y no para ganar tiempo'', aseveró.
Regula esta norma la participación en tres apartados: el diálogo civil, que será obligatorio para la elaboración de normas, estrategias, planes y programas de la Junta; las iniciativas ciudadanas, figura nueva que no existe en ninguna otra comunidad; y las consultas populares, no referéndum, vía telemática para asuntos específicos. También se crea la Plataforma del diálogo civil en la que se colgará toda la información sobre el trabajo de los órganos de participación.
La nueva ley, que pretende ''dinamizar'' la participación de los consejos sectoriales existentes en las relaciones con la Junta, se extiende a todos los ámbitos del Ejecutivo y de la Administración de la Comunidad, algo que es ''novedoso'' entre las aprobadas en España, igual que la posibilidad de que los ciudadanos y sociedad civil puedan elaborar normas, planes, estrategias o programas, resaltó el vicepresidente.
Iniciativa ciudadana
La ley estatal obliga a la consulta previa en paralelo a la elaboración de una norma por el Ejecutivo, pero el texto aprobado este jueves da ''un paso más'' para un proceso de ''abajo a arriba'' en la redacción de planes, estrategias y programas a través de la 'Iniciativa Reglamentaria Ciudadana'' e 'Iniciativa de Formulación de estrategias, planes o programas', lo que ''supone un salto cualitativo en las iniciativas de la Junta hasta la elaboración de iniciativas propias por los ciudadanos''.
Así, un mínimo de tres personas u organizaciones de la sociedad civil podrán plantear ese tipo de iniciativas, cuyos requisitos serán la presentación de un texto completo y de una memoria explicativa. La consejería competente decidirá si admite a trámite la propuesta y, de ser así, la remitirá a las organizaciones, que acordarán su tramitación por la mayoría de cuatro de quintas partes. De esa manera, no es precisó recurrir a un número de firmas, sino al apoyo mayoritario de la sociedad civil, aunque en todo caso la palabra última la tendrá la Junta.
Consultas populares
Por otro lado, el texto regula las consultas populares, si bien el vicepresidente recordó que no son referenciadas, sino que se abren para asuntos concretos, en los que se pueden introducir matices, lo que hará que sean ''más enriquecedoras'' y serán vía telemática. ''Se tiene que parecer lo mínimo a un referéndum'', aseveró, ya que éste es competencia exclusiva del Estado y requiere de su autorización.
Como ejemplo de lo que serán estas consultas una vez aprobada la ley, De Santiago-Juárez enumeró preguntar a las ampas si se deben hacer deberes escolares en casa. Una vez decidida una consulta, que puede pedir tres personas, una organización o puede convocar la Junta, habrá diez días para la votación telemática. El resultado de la consulta se tendrá en cuenta por la Administración, apostilló.
''Más transparencia, más colaboración y más participación, por aquí camina la democracia del siglo XXI'', resumió, en referencia a que la presencia de los ciudadanos en la acción pública no se debe ceñir a votar cada cuatro años.