Todos los Centros de Acción Social (CEAS) de Castilla y León, que suman 189, contarán, al menos, con un coordinador de caso o profesional de referencia para la atención y seguimiento de las víctimas de violencia de género antes de finalizar el año.

Es el objetivo que se marca la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades una vez que la próxima semana comience la formación específica sobre violencia de género a los cerca de 850 profesionales de las corporaciones locales que trabajan implicados en la atención de las víctimas como mujeres, menores de edad y personas dependientes.

Unos cursos que irán destinados, básicamente, a los 550 trabajadores y trabajadoras sociales de los CEAS, que constituyen el primer nivel de atención social e intervención y trabajan con las mujeres víctimas de violencia de género.

No en vano, su labor pretende facilitar y orientar su actuación para mejorar la calidad en la intervención con mujeres, con el resto de víctimas de su entorno y con los agresores. La formación también llegará al personal de las secciones de Mujer de las gerencias territoriales de Servicios Sociales.

La figura del coordinador de caso es una de las piezas claves del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género 'Objetivo Violencia Cero' de la Junta de Castilla y León.

Un modelo que persigue un enfoque de trabajo en red, coordinado y dirigido a prestar una atención integral e individualizada a cada mujer afectada, de forma que se garantice su seguridad y su autonomía, así como los familiares que dependan de ella, para conseguir su integración social y la vuelta a la vida normalizada.

Esta formación se sustenta en las conclusiones de los grupos de trabajo constituidos en 2015 y en las reuniones de la Consejería con cada uno de los responsables de servicios sociales de las 24 corporaciones de más de 20.000 habitantes, que han permitido poner en común los recursos de los que disponen la Junta y las administraciones locales, y estudiar las estructuras de atención a víctimas de violencia de género, buscando la mejor coordinación que permita dar una respuesta lo más eficaz posible.

La consejera Alicia García explicó que se ha establecido un calendario formativo en todas las provincias de la Comunidad. En cuatro de ellas, se iniciará la próxima semana y en el resto comenzará después de verano, con el objetivo de concluir todos los cursos en otoño.

La idea de Familia es que la figura del profesional de referencia en los casos de violencia de género se incorpore a los CEAS de forma progresiva, a medida que reciban la formación y cuenten con las guías y los protocolos.

El programa formativo persigue la coordinación de actuaciones a desarrollar por los distintos profesionales de los servicios sociales en el territorio, que constituyen el núcleo fundamental en el modelo integral 'Objetivo Violencia Cero'.

Será una formación práctica mediante la simulación de casos que formarán en el procedimiento, en las herramientas del modelo y en las funciones de los distintos profesionales implicados, como el coordinador de caso, los especialistas de Mujer de los equipos multidisciplinares de segundo nivel y los de las secciones de Mujer.

Al mismo tiempo, los participantes tendrán oportunidad de conocer y profundizar en el contenido de los distintos manuales y guías de apoyo a los profesionales, como la guía de asesoramiento jurídico, la guía de coordinación de caso, el manual de apoyo para la atención psicológica o el mapa de recursos para la atención a las víctimas de violencia de género.

Formación de abogados del turno de oficio

De forma paralela, la Consejería de Familia firmó hoy un convenio con el Consejo de la Abogacía de Castilla y León para la formación específica dirigida a más de 650 jueces, fiscales, letrados y abogados que trabajan para erradicar la violencia de género en la Comunidad, en especial los adscritos al turno de oficio de asistencia a víctimas.

Alicia García precisó que esta colaboración es un "nuevo paso" en la implantación del modelo de atención integral de la Comunidad ya que busca la correcta ejecución y asegurar la eficacia de las medidas previstas en el plan 'Objetivo Violencia Cero'.

Un convenio que llega después de la firma de un protocolo de actuación conjunta con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) para un nuevo procedimiento de coordinación en el ámbito judicial.

Entre otras mejoras, permitirá adaptar el sistema informático de Servicios Sociales para contar con una base de datos única para todos los agentes implicados. De ahí el esfuerzo presupuestario de la Consejería de 4 millones de euros para aplicar el modelo de atención integral.

Los contenidos de la formación específica que recibirán los jueces, fiscales, letrados y abogados abordarán aspectos como los recursos existentes y la Ley autonómica contra la violencia de género; modificaciones legislativas y de jurisprudencia en materia de violencia de género y nuevos tipos penales; competencia del juzgado de violencia sobre la mujer en materia civil; Estatuto de la víctima; pautas psicológicas para la asistencia a víctimas de violencia de género, e intervención del Letrado en los procedimientos por violencia de género.

Los ponentes que impartirán la formación serán profesionales de distintos ámbitos de los servicios sociales, fiscales, jueces, abogados y letrados de la Administración de Justicia, todos ellos expertos en violencia de género.

Esto permitirá potenciar y facilitar la implantación de un modelo de atención integral a víctimas que pretende ser el modelo de todos los profesionales y agentes implicados en la lucha contra la violencia de género.

Orientación y asistencia

El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando García-Delgado, mostró su satisfacción con el convenio que "viene a recuperar algo de lo que nos pertenecía y que se nos privó". García-Delgado se refería, de esta manera, a la no renovación en 2014 del acuerdo de orientación y asistencia a víctimas de violencia de género suscrito con el organismo.

En su momento, la anterior consejera de Familia, Milagros Marcos, justificó el cese de ese convenio al considerar que carecía de la falta de flexibilidad horaria aunque los colegios de abogados se defendieron al asegurar que la atención a las víctimas se producía durante las horas fijadas y establecidas por la propia Consejería.

A este respecto, Alicia García reconoció que la firma del convenio de formación hoy es un "primer paso" para que el Consejo de la Abogacía forme parte del plan 'Objetivo Violencia Cero'. Además, precisó que la Junta y la Consejería tienen "las puertas abiertas" en el ámbito de la violencia de género.

García-Delgado añadió que la formación no es suficiente y alabó el trabajo de la Consejería para mejorar la coordinación entre todos los agentes que prestan atención y asistencia a las mujeres víctimas de maltratos.