Un total de 226 hombres de Castilla y León cumple condena en prisión por haber cometido algún delito relacionado con la violencia de género, lo que supone el 4,1 por ciento del conjunto de presos juzgados por este motivo a nivel nacional que ascienden a 5.520.

El número de internos con lugar de residencia en la Comunidad Autónoma, a fecha del pasado 30 de septiembre, es similar al que había a finales del año pasado (229) e inferior a los 259 registrados a 31 diciembre de 2012 y a los 272 en diciembre de 2011.

Según las estadísticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de los 229 presos castellanos y leoneses (a 31 de diciembre de 2013) por violencia de género en un centro penitenciario del país, más de la mitad correspondía a las provincias de Burgos (61) y Valladolid (56). Les siguen León, con 33 internos, y Salamanca, con 32. Los datos se completan con los 12 procedentes de Palencia, 10 de Zamora, además de los 9 de Segovia y 9 de Soria y los 7 reos con residencia en Ávila.

Allí donde hay juzgados especializados de Violencia de Género como en los partidos judiciales de Burgos y Valladolid, por volumen de denuncias, el juez es el encargado de realizar la instrucción y la investigación del delito. En el resto de territorios, corresponde a los jueces de Instrucción y a los de Primera Instancia pero en todos los casos el encargado de celebrar el juicio e imponer la sentencia es el juez de lo Penal. Solo corresponde a las audiencias provinciales juzgar el delito cuando se imponen penas de prisión de más de cinco años.

El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número uno de Valladolid, Emilio Vega, recuerda que los delitos de violencia de género no tienen un reglamento especial sino que forman parte del régimen general del Código Penal. De ahí que, al igual que en otros delitos, las penas superiores a dos años son difíciles de suspender y es necesario que haya atenuantes como ser un toxicómano o una persona en tratamiento de rehabilitación.

Lo habitual es que si la condena es inferior a dos años el agresor quede en libertad, siempre y cuando no tenga antecedentes penales. Pero no es una obligación puesto que el juez es el encargado de valorar la gravedad del hecho, la peligrosidad del denunciado y sus circunstancias. Además, tal y como explica Vega, el maltratador debe cumplir con las responsabilidades civiles como la guardia y custodia de los hijos, la pensión alimenticia o el régimen de visitas. “Si falla en alguna de estas obligaciones, el juez lo envía a prisión”, asevera.

A diferencia de lo que ocurría en 2005 cuando se dictaban las primeras condenas por violencia de género después de cometer delitos menores y era complicado acabar en la cárcel, la situación ha cambiado sobremanera. La Ley Integral contra la Violencia de Género supuso, por ejemplo, que unas amenazas leves pasaban de ser una falta a tipificarse como un delito.

El juez de Valladolid asegura que hay hombres en prisión no solo por asesinar a mujeres sino por proferir amenazas y cometer maltratos puntuales a sus parejas. Una situación que se agrava cuando coinciden la existencia de antecedentes y la reincidencia de episodios de violencia de género. No hay que olvidar que una condena, por pequeña que sea, genera un antecedente penal.

Los encarcelados por malos tratos se reparten por delitos de amenazas, lesiones y violencia habitual. También cumplen penas de prisión tras quebrantar una orden de protección dictada por los jueces que supone una medida de alejamiento de la víctima. No en vano, el Código Penal determina que una sentencia condenatoria siempre lleva aparejada las penas de prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima. El problema surge cuando hay una sentencia firme y la mujer decide reanudar la convivencia con su pareja y ambos solicitan al juez la retirada de la orden de protección, algo que es imposible salvo indulto.

Reeducación de agresores

Instituciones Penitenciarias realiza programa específicos para los condenados por delitos relacionados con la violencia de género, tal y como recoge la Ley Integral. Uno de los cambios más importantes fueron las suspensiones y sustituciones de la ejecución de las penas privativas de libertad con la condición de participar en estos programas de rehabilitación y reeducación y con trabajos en beneficio de la comunidad.

La coordinadora regional de la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, María Boado, asegura que en el momento en que el condenado no colabora en estos cursos, el juez revoca la decisión para su vuelta a prisión. “No estoy descontenta con la eficacia de este programa porque lo importante es que el hombre asuma su culpa”, afirma. La fiscal de Burgos sabe que es una forma para que los maltratadores eviten la cárcel y desconoce si algunos de ellos se toman en serio las charlas o es por puro interés.

Orden de protección

Durante el primer semestre del año, los juzgados de Castilla y León incoaron 649 órdenes de protección, de las que 242 fueron denegadas y 407 adoptadas (62,7 por ciento). Emilio Vega asegura que la concesión de una orden de protección debe responder a una situación objetiva de riesgo y cuando hay indicios de un delito, porque implica una restricción del derecho de libertad ambulatoria al agresor. “Me corresponde valorar la situación de lo que ha pasado hasta ese momento pero no tengo una bola de cristal. Nos exigen hacer pronósticos de futuro y el futuro es siempre incierto”, reflexiona este juez especializado en la materia.

El comisario de la Unidad de la Policía Judicial de Valladolid, Jesús del Amo, apunta que los agentes prestan protección a todas las víctimas con orden judicial pero también a otras, incluso de oficio. Vega asevera que su postura es que si hay un verdadero riesgo para la víctima, la “mejor orden de alejamiento es la prisión provisional”.

Un inspector del Servició de Atención a la Mujer añade que la Policía está para proteger a la mujer y es algo que se explica a los agresores: “Para dar la mejor protección y con mayor seguridad hay que conocer en persona al agresor, saber el tipo de vida que lleva y sus problemas”. Incluso, explica que tras una conversación con el hombre se logra reducir el odio que siente hacia su expareja y, de esta manera, baja el riesgo de que haya nuevas agresiones.

Pulsera de control

El juez también puede imponer una medida de alejamiento como es llevar una pulsera o un brazalete de localización para controlar sus movimientos vía GPS. El dispositivo, conectado a un móvil, envía señales a la central y a la víctima, además de informar cuando el agresor se aproxima a menos de 500 metros de la mujer, por lo que es necesario su consentimiento para adoptar este sistema. En todo momento, la central que controla los dispositivos está conectada con la Policía para avisar de las alarmas.

Los últimos datos disponibles de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, recogen que en Castilla y León hay activos 27 medios telemáticos, de los que 8 están en la provincia de Segovia y 7 en León. En el conjunto de España, están contabilizadas 710 dispositivos de control en muñecas o tobillos que tienen como principal objetivo disuadir al agresor.

Todo este control es posible gracias al Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Viogen) del Estado, una aplicación en funcionamiento desde julio de 2007 y que cuenta con 330.000 casos de mujeres víctimas en España, de los que más de 54.000 se consideran activos.

La Comunidad tiene registrados 16.003 episodios. De ese número, 2.477 (a fecha de 30 de septiembre) están dados de alta: 1.908 casos donde no hay riesgo apreciado, 474 calificados como bajo, 89 con riesgo medio y 6 con una calificación alta. No hay, en estos momentos, ningún caso de riesgo extremo aunque sí han existido, que requieren una protección policial las 24 horas y la mujer debe avisar a los agentes cada vez que sale de su domicilio. Ahora, existen 569 mujeres con protección policial en la región. Es decir, el 23 por ciento del total de las víctimas.

Más denuncias y más renuncias

En cuanto a las denuncias interpuestas en los juzgados de Castilla y León, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género con sede en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva contabilizado en el primer semestre del año un total de 2.526. De seguir con la progresión, la región puede superar la barrera de las 5.000. Una cifra que supondría volver a los datos registrados en 2008 y 2009, cuando se registraron 5.459 y 5.090, respectivamente. En cambio, en los últimos años habían bajado. El ejercicio de 2013 cerró con 4.154 denuncias por maltratos, similar a la estadística de 2012 (4.132) frente a las de 2011 (4.762) y las de 2010 (4.427).

Pero no todas las denuncias llegan a buen puerto. Un total de 2.526 mujeres en la Comunidad presentó una denuncia por violencia de género entre enero y junio de 2014 pero 469 acabaron retirándola, por lo que la tasa de castellanas y leonesas que renuncia a continuar con el proceso judicial se situó en el 18,5 por ciento. Es una de las ratios más altos de España ya que la media nacional está en el 12,8 por ciento.

El porcentaje de renuncias contra el maltratador en fase de instrucción ha aumentado en los últimos meses puesto que la tasa durante los años anteriores había rondado entre el 10,46 por ciento de 2010 y el 15,5 por ciento de 2008. El ejercicio pasado se cerró con un 12,47.

La Ley Integral contra la Violencia de Género supuso cambios importantes en las ayudas destinadas a las víctimas. Las oficinas de empleo de la región han registrado desde 2003 un total de 806 contratos bonificados para víctimas de violencia de género, además de otros 69 de sustitución. La Renta Activa de Inserción (RAI), una ayuda extraordinaria de 426 euros al mes que perciben las mujeres maltratadas desempleadas y sin ingresos económicos, beneficia ahora a 1.120 perceptoras en Castilla y León.

Además, 960 mujeres han recibido desde 2005 ayudas para cambiar de domicilio y 68 se han beneficiado de las ayudas económicas previstas en la ley en los supuestos de difícil empleabilidad y con riesgo de exclusión social.

Recursos y ayudas que, de momento, no consiguen frenar una lacra social que se ha cobrado la vida de 37 mujeres en la Comunidad desde 2003, dos de ellas en lo que va de año.