Por primera vez no ha habido consenso sobre el Informe Anual del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León. Las organizaciones sindicales CCOO y UGT, UPA y la Unión de Consumidores votaron este miércoles en contra del documento durante la sesión plenaria del órgano consultivo por diferencias en el apartado de recomendaciones, mientras que Urcacyl y UCCL se abstuvieron, con lo que el texto fue aprobado sólo con los votos a favor de Cecale, Asaja y los expertos designados por la Junta.

La conflictividad de CCOO y UGT con la patronal y la oposición de las centrales sindicales a las medidas anticrisis del Ejecutivo que dirige José Luis Rodríguez Zapatero, les llevaron a plantear ocho votos particulares dentro del capítulo de recomendaciones, que presentarán formalmente antes de 48 horas.

El Pleno del CES que abordó este miércoles el Informe Anual de 2010 estuvo integrado por 36 miembros, un tercio empresarios (12), otro tercio correspondiente a las centrales sindicales (12) y el tercio restante repartido a partes iguales entre expertos de la Junta (seis) y organizaciones profesionales agrarias (cuatro), asociaciones de consumidores (uno) y cooperativas y sociedades laborales (uno).

Antes de entrar en la reunión, el secretario general de UGT en Castilla y León, Agustín Prieto, adelantó su voto en contra del documento y la formulación de varios votos particulares de su central junto a COOO con referencias a las reformas de la negociación colectiva y laboral, sobre el incremento de la fiscalidad y contra el copago, entre otras.

También antes de la reunión, el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Jesús María Terciado, expresó su apoyo a un informe en el que la patronal, según dijo, no presentó "ninguna propuesta para el desacuerdo" y agradeció al presidente del CES, José Luis Díez Hoces, su esfuerzo para tratar de encontrar un consenso que "no ha sido posible". Al respecto, tachó de "malintencionados" a los sindicatos por introducir materias que nada tiene que ver con el año 2010, hacen referencia a 2011, no están todavía encima de la mesa o no son de su competencia.

El máximo responsable de la patronal regional denunció que CCOO y UGT llevan así "su nueva imagen de indignados" al Consejo Económico y Socail porque "han perdido la calle". "Quieren mostrar en una institución su desacuerdo con empresarios y Gobierno", dijo, para reseñar que esta actitud "va en contra del CES, de su prestigio y de las organizaciones que lo integran".

Oposición sindicatos

Por su parte, Agustín Prieto repasó algunos de los votos particulares planteados por los sindicatos, el primero dirigido a elevar los ingresos de la Administración regional incrementando la presión fiscal sobre "los que más tienen". En esta línea, criticó que los beneficios fiscales alcanzan en Castilla y León un 23 por ciento sobre todo para las rentas más altas, con 395 millones, y solicitó incrementar el IRPF para los que superen el tramo de 60.000 euros y recuperar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Asimismo, los sindicatos exigieron que se garanticen los recursos para la prestación de servicios de gestión pública en sanidad, educación y atención social; rechazaron cualquier fórmula de copago sanitario, y pidieron que se cree un instituto financiero público en la Comunidad para ofrecer financiación a las empresas.

Otros votos particulares expusieron el rechazo de las centrales sindicales a la reforma laboral porque abarata el despido y produce una mayor indefensión para los trabajadores, y a la reforma de la negociación colectiva; reclamaron más controles sobre los expedientes de regulación de empleo, y pidieron la puesta en marcha de programas de apoyo a los 75.000 desempleados que carecen de prestación y la aprobación de un plan plurianual de inserción y empleo, con referencias al IAE y al PIE posterior.

Respecto a la negociación colectiva, el dirigente de UGT recordó que en la Comunidad todavía están por renovar 316 convenios colectivos para 148.00 trabajadores, por lo que pidió a Cecale que los desbloquee. A este respecto, indicó que los sindicatos han remitido una carta a Terciado par intentar desbloquear la negociación colectiva y, aunque asumió que no han sido capaces de alcanzar ningún acuerdo bilateral con él, se mostró convencido de que esto no afectará al Diálogo Social.

Por último, instaron a poner en marcha una nueva política de vivienda basada en el alquiler de pisos protegidos y en la constitución de una agencia pública para poner en el mercado de alquiler las viviendas vacías de la Comunidad.

Debate muy interesante

Tras la reunión, el secretario regional de CCOO, Ángel Hernández, aseguró que en el Pleno del CES se produjo "un debate muy interesante, de los más amplios y constructivos de los últimos años, no exento de tensiones". A este respecto, reconoció que se vieron reflejadas las "diferencias entre la patronal y los sindicatos", y el debate que hay en la calle sobre "el papel del Estado y los servicios públicos".

Asimismo, destacó que si los expertos designados por la Junta se hubieran abstenido, "como es su papel", las propuestas realizadas por los sindicatos se habrían aprobado y acusó a la patronal de "cabezonería" por no apoyar alguno de los votos particulares. En todo caso, quiso recalcar que Comisiones está "absolutamente de acuerdo" con el documento elaborado en el seno del Consejo, excepto con estas cuestiones planteadas en las recomendaciones, pero que éste tiene un reglamento "bastante rígido" que obliga a votar en contra de todo el texto si se presentan votos particulares.

Críticas de la patronal

El presidente de los empresarios regionales se mostró muy crítico con la actitud de los sindicatos e insistió en que "rompen el consenso" introduciendo materias que nada tienen que ver con el CES y que no son de su competencia. Así, mostró su rechazo a que se eleve la fiscalidad, para apostar por menos impuestos que permitan incrementar la actividad y los ingresos para mantener los servicios sociales. Asimismo, abogó por fórmulas de financiación público-privada para garantizar la viabilidad de los servicios públicos y rechazó un sistema financiero regional con un banco público, porque "no tiene ningún sentido y tampoco tenemos competencias".

También rechazó que se introdujera una recomendación en contra de la regulación del despido de la reforma laboral, por ser competencia nacional y arremetió contra UGT por tratar de plasmar su oposición de la reforma de la negociación colectiva "en el último minuto para romper la mesa y dejar al otro sindicato fuera de juego".

Por último, Terciado reseñó su oposición a recomendaciones sobre las políticas regionales de empleo cuando se tienen que sentar ahora a negociarlas y, aunque mostró su apoyo a medidas como el PIE para los parados sin prestaciones, indicó que estos programas "aún tienen mucho que mejorar". En cuanto a la propuesta de creación de institutos o el rechazo del copago, indicó que "son temas recurrentes".