SUCESOS

La Policía Nacional destapa un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones en 17 provincias, entre ellas Zamora y Valladolid

Las distintas intervenciones, entre mayo y agosto, se saldan con 33 detenidos y 40 investigados.

Ical

Agentes de la Policía Nacional destaparon un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones en 17 provincias, entre ellas Zamora y Valladolid, en el marco de la operación ‘Pandora’, con actuaciones también en Alicante, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Gerona, Guipúzcoa, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga y Toledo. Las investigaciones, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, comenzaron a finales de 2017, cuando esta entidad y sus diferentes organismos remitieron distintos escritos y denuncias a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional.

Durante la operación se han revisado y analizado 22 expedientes que afectaban a diecisiete provincias de once comunidades autónomas, culminando con la implicación de los investigados en delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude de prestaciones, falsedad documental, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales y grupo organizado. Los responsables del delito han resultado ser principalmente los responsables de hecho de las empresas, pero también sus testaferros -que eran algunos trabajadores que figuraban en connivencia- y familiares de los primeros.

Las distintas intervenciones, desarrollados entre mayo y agosto, se saldaron con 33 detenidos y 40 investigados. En la mayoría de los casos se han realizado informes patrimoniales de las personas implicadas para que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere pertinente o, en su caso, que el juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos con el fin de cubrir las responsabilidades generadas.

Uno de los casos más notables se produjo en Zamora, donde la Policía Nacional desarticuló un grupo criminal al que se le imputó un delito contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución y del propio de grupo organizado, en relación con las maniobras llevadas a cabo sobre una empresaria que sistemáticamente eludía el pago de seguros sociales.

Todas las sociedades investigadas estaban encuadradas en el sector de la madera y/o la silvicultura, desarrollándola en el mismo local. Para ello utilizaban indistintamente los mismos proveedores, los mismos trabajadores que intercambiaban entre empresas, la misma materia prima, la misma maquinaria, etc.

La Policía Nacional hizo hincapié en que uno de los administradores únicos detenidos ha defraudado durante 37 años más de un millón de euros a la Tesorería General. Entre los años 1995 y 2018 (23 años) no abonó las deudas generadas por su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), ni entre 2001 y 2014 (14 años) por la razón social a su nombre. Esta persona ya fue detenida en el año 2006 por un delito de insolvencia punible cuando formaba parte de un grupo de empresas dedicadas a la hostelería.

A partir del año 2007, los tres administradores se unieron para crear un grupo criminal organizado dedicado a defraudar a la Seguridad Social, para lo que crearon una serie de empresas dedicadas al tratamiento de la madera, aserradero y servicios de apoyo a la silvicultura.

Así, el líder del grupo sería el encargado de conseguir los proveedores y los clientes mientras que otro, titular de la asesoría autorizada RED, se encargaba de la parte administrativa. Un tercero puso a disposición del grupo la nave en la que desarrolló la actividad, encargándose además de controlar a los trabajadores y de supervisar el buen desarrollo de la actividad laboral llevada a cabo por los trabajos en la cadena de montaje.

El grupo empresarial y el resto de empresas investigadas han mantenido durante el tiempo de actividad un total de 349 trabajadores, detectándose un fraude a la Seguridad Social por importe de 3,17 millones de euros.

Diversas formas de defraudación

Con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, es "habitual entre las defraudadoras poner en práctica" conductas como la creación de entramados empresariales en los que la actividad societaria aparece en una u otra mercantil, según convenga, transfiriendo la actividad que desarrollaba la deudora, así como los elementos patrimoniales a la no deudora con el fin de continuar la actividad de manera normal.

También, la ocultación de bienes, normalmente a través de sucesivas transmisiones en la titularidad que pasan de una empresa a otra, o bien a familiares o personas de confianza de la trama, con el fin de entorpecer la labor recaudatoria de los diferentes Organismos de la TGSS.

Otras de las prácticas son la rotura de precintos de bienes embargados, denuncias falsas relacionadas con robos de los bienes embargados, la desaparición "fortuita" de esos bienes embargados o la venta en negro de los mismos a terceros de buena fe.

Por último, también llevaban a cabo la falsificación de certificados de estar al corriente de la obligaciones con la Seguridad Social de empresas con el fin de figurar limpias de deuda ante terceras y poder continuar con la actividad laboral mediante subcontrataciones, así como para acceder al cobro de prestaciones públicas u obtener bonificaciones en la cuota de autónomos o en las cotizaciones de trabajadores.