El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto del Gobierno, aprobado a finales de julio, relativo a una oferta de empleo público extraordinaria y adicional de 323 plazas para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados.
Según ha explicado la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, responsable de defender este texto, el decreto busca dar respuesta al aumento en la carga de trabajo de los profesionales que trabajan en cuestiones de asilo en las costas y fronteras españolas ante el aumento de los flujos migratorios de países en conflicto.
El texto incorpora así, de manera urgente, 323 plazas adicionales a la oferta de empleo público. 231 de estas plazas estarán gestionadas por el Ministerio del Interior, de las cuales, 191 plazas irán destinadas al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, y las 40 plazas restantes serán para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.
Además, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social gestionará las 92 plazas restantes, que se destinarán a la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, y el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.
Batet ha recordado que se trata de una medida que responde a la petición de sindicatos y del Tercer Sector y a la sensibilidad de la mayoría de la sociedad. "Con esta convalidación estamos respondiendo a un mandato constitucional, a un mandato internacional y estamos cumpliendo con nuestros compromisos con la UE", ha concluido.
Durante el debate, el Gobierno ha recibido las críticas de la portavoz del PP en esta materia, Susana López Ares, a pesar de que los 'populares' anunciaron su voto a favor. La diputada ha acusado al equipo de Pedro Sánchez de "falta de compromiso" con los empleados públicos y ha tachado la oferta de "insignificante" comparada con las "4.282 plazas extraordinarias del PP en 2017".
Decreto que adapta en España el reglamento europeo de protección de datos
El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto con medidas urgentes para adaptar el derecho español al nuevo reglamento europeo de Protección de Datos y asegurar así que se aplique en el país.
El decreto fija cuál es el personal competente para realizar las labores de investigación previstas en el reglamento europeo y regula el modo en que podrán desarrollar su actividad de inspección. También determina el régimen aplicable al personal de las autoridades de supervisión de otros estados miembros de la Unión Europea que participen en actuaciones conjuntas de investigación.
Además, establece un régimen sancionador aplicable en España, pero no regula cuestiones como los plazos de prescripción o las sanciones, al considerar que deben fijarse en el ordenamiento interno de los estados estos dos principios son "básicos" para garantizar la seguridad jurídica de los procedimientos abiertos y proteger los derechos de los ciudadanos.
En cuanto a la prescripción de las sanciones, el texto del Gobierno opta por mantener los mismos tiempos que actualmente establece la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), por lo que fija un plazo de un año para las inferiores a 40.000 euros, dos años para las comprendidas entre 40.000 y 300.000 euros y tres años para las superiores a dicha cuantía.
RD de universalidad del SNS por procedimiento de urgencia
El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el Real Decreto 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado por el Consejo de Ministerios el pasado mes de julio y por el que se establece que todas las personas que residen en España, con independencia de su situación administrativa, puedan ser atendidas en el sistema sanitario, y ha aprobado tramitarlo como ley por el procedimiento de urgencia.
Los votos obtenidos han diferido en ambos casos. Ya que, mientras que la convalidación de la norma ha contado con 177 votos a favor, 133 en contra y 31 abstenciones; la propuesta de tramitarla por la vía de urgencia como un proyecto de ley ha sido respaldada con 336 votos, ninguno en contra y sólo una abstención.
Carmen Montón, ha asegurado que el decreto es una norma que "dignifica" la acción política, "elimina" las desigualdades y garantiza el derecho a la sanidad, la solidaridad y la cohesión.
Además, tal y como ha argumentado Montón, la elaboración de la normativa responde a la "involución" en el Sistema Nacional de Salud (SNS) que supuso el Real Decreto 16/2012 aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, el cual "desvirtuó" el derecho a la protección de la salud y "anuló" el carácter universal de la sanidad al condicionar el derecho a la asistencia sanitaria al "aseguramiento".
"La exclusión sanitaria ha empeorado la salud de las personas que quedaron fuera del SNS", ha criticado la ministra, para recordar que diferentes organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea o el Consejo de Europa, han solicitado a España devolver la universalidad del sistema sanitario a todos los ciudadanos, "sin discriminación alguna".