Más de 1.500 agricultores -según la Policía Nacional- convocados por la Alianza UPA-COAG exigieron este viernes en Valladolid medidas de desarrollo económico y social en el medio rural y "menos hablar en comisiones y comités contra la despoblación para concluir en un diagnóstico en el que todos coinciden".
Por ello, el secretario regional de UPA, Aurelio González, solicitó políticas que favorezcan a los jóvenes y las mujeres en los pueblos, con explotaciones "rentables", y asistencia sanitaria suficiente. "Le pedimos a la Junta, como dice un refrán castellano, que obras son amores y no buenas intenciones", explicó en el arranque de la manifestación, liderada por una pancarta que rezaba 'Producimos alimentos, creamos futuro’, y a la que asistió al coordinador de COAG, Lorenzo Rivera, quien sustituye temporalmente a Aurelio Pérez.
La movilización, que según los convocantes pudo alcanzar las 3.000 personas, sirvió para reclamar políticas eficaces contra la despoblación que sufre la Comunidad y una reforma de la PAC que priorice las ayudas a los agricultores y ganaderos a título principal "y no a los de sofá".
A su término, la cabecera de la manifestación fue recibida por el secretario general de la Consejería de Agricultura y Ganadería, Eduardo Cabanillas. En la protesta, que arrancó pasadas las 12 horas de la plaza del Milenio y finalizó ante las puertas del departamento que dirige Milagros Marcos, también reivindicó medidas contra la especulación comercial y exigió un control de la fauna y el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior que obliga a la Administración Regional al pago de las ayudas comprometidas a los remolacheros en la campaña 2011.
Sobre la fauna silvestre, González alertó de los riesgos sanitarios que pueden provocar las plagas de "topillos, ciervos y jabalíes", principalmente de estos últimos, por lo que acusó a la Junta "de estar esperando a que afecte al Campo Grande de Valladolid para actuar". "Mientras estos problemas estén sólo en los pueblos, no pasará nada", remarcó el líder regional de UPA, quien puso como ejemplo el caso de Cataluña, donde ya se permite abatir jabalíes "en cualquier momento, hora y lugar, porque ya pasean hasta por las ciudades".
La presencia de la fauna silvestre centró parte de las demandas de la movilización, también por los ataques a la ganadería. En la Comunidad, según las dos organizaciones, se producen cuatro ataques de lobos diarios. Así, 2016 se cerró con más de 1.600. Por ello, solicitaron controles de sus poblaciones, así como de corzos y buitres. "¡Basta ya de mentiras! No queremos políticas para que cada vez haya más especies salvajes y menos población", exclamó.
La Alianza aprovechó para denunciar que, en provincias como Soria y Zamora, también hay que hablar de un problema de seguridad, dado que los animales salvajes provocaron el pasado año cerca de 2.000 accidentes de tráfico.
Precios justos
Además, González argumentó que a pesar de las constantes denuncias de las organizaciones por unos precios justos, la situación es la misma que en los últimos años en el vacuno de leche, mientras los precios sí han repuntado en otros países europeos; en los lechazos, con cotizaciones por debajo de las registradas en 2008 o el ovino de leche, con los precios más bajos de los últimos 20 años. "Las políticas sólo benefician a las grandes empresas y distribuidoras", denunció, para recordar que "no es de recibo" que Supermercados DIA venda lentejas procedentes de Canadá como castellanas; otras grandes superficies comercializan garbanzos de esta tierra como de Estados Unidos; e incluso patata nueva en el mes de febrero. "¿Pero en qué país vivimos para que esto ocurra? ¿A quien quieren engañar?", suscitó, para asegurar que existe un "problema muy serio".
Por su parte, el secretario de organización de COAG-Castilla y León y coordinador de Zamora, Lorenzo Rivera, hizo referencia al impulso de la agricultura sostenible, el control de la fauna y la "crisis ganadera". En este capítulo realizó un apunte ante la posible puesta en marcha de la macro granja de Noviercas (Soria), que prevé contar con más de 20.000 vacas y que supondrá "un salto al vacío para las explotaciones más pequeñas y familiares".
Igualmente, señaló que afectará directamente a las granjas de la Comunidad y de toda la Cornisa Cantábrica, ya que pondrá en el mercado 180 millones de litros de leche anuales que llevarán al cierre al resto.
Por último, pidieron a la consejera de Agricultura y Ganadería el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior que obliga a la Administración regional al pago de las ayudas comprometidas a los remolacheros en la campaña 2011 y la instaron a "asistir a estas movilizaciones" si considera justas las causas del sector y la recriminaron que cuestione que son manifestaciones "porque es año electoral en el campo".