Agentes de la Guardia Civil de Salamanca detuvieron ayer a un veterinario salmantino por un presunto delito de falsedad documental al expedir cuatro pasaportes caninos falsos correspondientes a cuatro de los cinco perros que el pasado domingo asesinaron a mordiscos a un hombre de 67 años, A.V., en las inmediaciones de la finca 'Los Galguillos' de la localidad salmantina de Santa Marta de Tormes.

La investigación que condujo a la detención del veterinario, llevada a cabo por agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial y del Seprona de la Guardia Civil de Salamanca, se produjo al observar distintas irregularidades que existían en los pasaportes caninos de los perros que provocaron la muerte del varón de 67 años, cuyo dueño, F.A.R.M., fue detenido horas después por un presunto delito de homicidio imprudente, informó la Guardia Civil de Salamanca.

Así, los agentes descubrieron que cuatro de los pasaportes correspondían a dos machos y dos hembras de raza cruzada mastín y a una hembra de pastor alemán, cuando en realidad cuatro de los cinco perros que provocaron la muerte de A.V. eran un dogo o perro de presa canario y tres cruce de fila brasileño, considerados todos ellos como perros potencialmente peligrosos según el Real Decreto 287/2002.

Antecedentes penales

La falsedad deliberada detectada por la Guardia Civil en la expedición de los pasaportes caninos respondería a los antecedentes penales del propietario de los perros, F.A.R.M., por tráfico de drogas, lo que le inhabilitaría para la posesión de canes enmarcados por la Ley como potencialmente peligrosos.

En concreto, el propietario de los perros que provocaron la muerte de A.V. fue condenado en 2008 por la Audiencia Nacional a once años y medio de prisión, por unos hechos que se remontan a 2006, cuando F.A.R.M., junto a otro hombre de iniciales A.H.M., fue detenido en Las Rozas, en una operación de la Guardia Civil, cuando pretendían introducir 130 kilogramos de un envío total de 200 kilogramos de cocaína en España.

La operación se desarrolló en colaboración con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y, tras ello, F.A.R.M. fue condenado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el 2 de junio de 2008 a once años de prisión y al pago de una multa de diez millones de euros por un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias estupefacientes.