El nuevo Gobierno portugués de Pedro Passos Coelho ha decidido suspender el proyecto ferroviario de alta velocidad que iba a unir Lisboa y Madrid con el fin de ahorrar costes, aunque añade que podría estar sujeto a reconsideración, según informó el Ejecutivo en su programa de Gobierno remitido al Congreso.
Pese a la suspensión del proyecto, el Gobierno luso añade que podría ser reconsiderado, incluido su contenido y calendario, en función de las nuevas condiciones.
En este sentido, el Ejecutivo añade que esta reconsideración debe tener en cuenta la situación jurídica de los contratos ya firmados y aclara que una eventual renegociación sólo puede proceder de una evaluación en este sentido.
Esta es una de las numerosas medidas de austeridad que el Gobierno luso se compromete a llevar a cabo en su programa de Gobierno y que van más allá incluso del plan de ajuste acordado con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio del rescate de 78.000 millones de euros.
El Gobierno defiende que es necesario regresar "lo más pronto posible" a una trayectoria sostenible en las finanzas públicas que permita una economía "próspera y que cree empleo en el medio plazo".
Asimismo, el Ejecutivo ha calificado este programa de "frugal y realista", que busca poner fin a la situación de emergencia financiera, económica y social que vive la economía. "El programa que presentamos acredita la energía y la iniciativa de todos y cada uno para que, con confianza, responsabilidad y transparencia, Portugal no falle", añade.
Entre otras medidas, el Gobierno anuncia su intención de vender parte de su participación en empresas como Energias de Portugal y el operador REN este año y, más adelante, la compañía aérea TAP y la gestora aeroportuaria ANA. Además, reestructura el negocio del banco estatal CGD y privatizará algunos centros de salud y uno de los canales de la RTP.
Asimismo, elevará el IVA en algunos productos, reducirá las contribuciones de las empresas a la seguridad social, modificará las fechas de algunos festivos y limitará las retribuciones de los gestores públicos.