El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró este jueves, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que el Gobierno autonómico seguirá trabajando para alcanzar el máximo consenso posible para la aprobación por parte de las Cortes del Proyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, que fue aprobado en la reunión de consejeros. “Tenemos prisa por el consenso, no por que se apruebe”, remarcó.
“Lo que más nos interesa por encima de todo es que haya un amplio grado de consenso. No hay prisa”, insistió. De ahí, que su tramitación en el Parlamento autonómico sea “normal” y no de “urgencia” ya que, advirtió, la Junta seguirá buscando el consenso porque se trata de “un asunto de Comunidad donde todos tienen que poner lo mejor para conseguir el acuerdo”. “Si de verdad queremos a Castilla y León estamos obligados a poner lo mejor de nosotros”, subrayó el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo.
“Es nuestra obligación porque queremos y creemos en esta Comunidad”, sostuvo De Santiago-Juárez, quien recordó que el proyecto recoge “escrupulosamente” todos los aspectos recogidos en el Pacto entre PP, PSOE y Junta en esta materia. Es un proyecto, remarcó, “pensado por y para las personas” para hacer la vida “más fácil, sencilla y cómoda” a los ciudadanos de Castilla y León y para mejorar los servicios que se prestan a los castellanos y leoneses, al tiempo que, aseveró, está marcado por “una clara apuesta municipalista”.
De lo que se trata, continuó, es de construir “la mejor comunidad para las próximas generaciones”. “Quiero la mejor comunidad para mi hija”, apostilló, para recordar que este proyecto tiene como objetivo “garantizar que la gente que quiera vivir en el mundo rural tenga buenos servicios”. “Eso es lo que desea el Gobierno de Herrera y va a trabajar con intensidad y absoluta disposición de encontrar el acuerdo”, insistió.
La Junta, recordó, cree en las políticas de proximidad, por lo que recordó que los municipios tienen funciones importantes dentro de unas competencias amplias. De ahí, que el proyecto les ofrezca una herramienta, las mancomunidades, para que los municipios ejerzan sus funciones y competencias pero “en ningún momento se les va a quitar todas las competencias para que las gestionen las futuras mancomunidades”, advirtió.
Según explicó, el proyecto, que además “es compatible” con el anteproyecto del Gobierno de España, moderniza las diputaciones, adapta y ordena los servicios de la Junta en nuevo “mapa territorial del siglo XXI” en función del número de habitantes o de la densidad de población y, sobre él, se ordenarán los servicios que presta el Ejecutivo autonómico.
Con la herramienta de la asociación voluntaria de municipios se ofrece a los mismos mecanismos para que puedan cumplir su mandato constitucional del principio de estabilidad presupuestaria. Además, recordó que la creación de las mancomunidades de interés general tendrán que coincidir con las unidades básicas, lo que no quiere decir que por cada unidad haya una mancomunidad, sino que pueden formar hasta cinco unidades por mancomunidad.
También se refirió el consejero de la Presidencia al anteproyecto del Gobierno de modificación de la Ley de Régimen Local, donde, sostuvo, las primeras alegaciones que llegaron fueron las de Castilla y León. El Ejecutivo autonómico, recordó, fue “muy crítico” con algunos aspectos de esa normativa, a la vez que aseguró que si se paraliza dicho anteproyecto el de Castilla y León no se verá afectado.