La Red de acceso prioritario a las personas más vulnerables incorporará once prestaciones que, aunque ya existían, no se desarrollaban a través del trabajo coordinado de este modelo de servicios sociales de modo que se alcanzarán hasta 34 prestaciones distribuidas en tres apartados: recursos de protección y de atención a necesidades básicas de subsistencia, recursos de atención con acceso prioritario y recursos para la inclusión social y laboral.
Esta es una de las novedades del proyecto de Ley de la Red de protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León presentado este jueves en el Consejo de Gobierno por la consejera de Familia, Alicia García, que calcula que el texto pueda ser debatido en las Cortes en un plazo de entre cuatro y seis meses para que pueda estar aprobado en 2017.
Con la nueva ley cuatro de estas prestaciones pasarán a ser derechos subjetivos para los ciudadanos, que se unirán así a derechos que ya están reconocidos como tales, como la Renta Garantizada de Ciudadanía o la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social.
Las prestaciones que se convertirán en derechos subjetivos de carácter obligatorio y públicamente garantizados serán el servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria, la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria, la prestación económica para el alquiler de vivienda habitual y el servicio de provisión inmediata de alimentación.
En el caso concreto de la prestación a familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria y de alquiler de vivienda habitual la propuesta de la Junta es alcanzar hasta un 50 por ciento del IPREM, según ha detallado la consejera.
Para Alicia García, la aprobación de la Ley de la Red de protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León, que cambiará el nombre a la red de protección vigente, supondrá un "avance más" y un "paso importante" en la atención a los castellanoleoneses al convertirse en un sistema permanente desvinculado a la situación de crisis del que surgió el actual modelo en 2013.
García ha recordado que se trata de un acuerdo rubricado en el seno del Diálogo Social a lo que ha sumado el consenso alcanzado con las administraciones, tercer sector y entidades locales para abrirlo desde hoy a la participación ciudadana y continuar después con su tramitación hasta presentarlo en las Cortes.
La consejera ha aprovechado la ocasión para ratificar la eficacia del modelo de atención en red y ha cifrado en más de 180.000 las personas atendidas en 2016 con una inversión superior a los 180 millones de euros. "Se ha revelado como una herramienta idónea para la atención de las personas vulnerables, más allá de una situación coyuntural, para constituirse en la forma ordinaria de atención a estas personas en Castilla y León", ha reiterado.