El desempleo en la profesión periodística en Castilla y León alcanzó el 13,7% en 2010, con 357 parados sobre 2.602 trabajadores afiliados, de los cuales 1.126 corresponden a contratos temporales.
Estos datos se desprenden del "Libro negro del periodismo en España", elaborado por el catedrático Bernardo Díaz Nosty, que alude a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas y a los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Por provincias, las tasas de paro se sitúan de la siguiente forma: Ávila (10,3%), Burgos (12,2%), León (12,4%) Palencia (18,9%), Segovia (23,8%), Soria (12,8%), Valladolid (12,4%) y Zamora (17,8%). En Salamanca no existen datos individualizados disponibles.
Díaz Nosty sostiene que el sector está fuertemente concentrado en torno a Madrid (36.140 trabajadores) y Barcelona (19.605), que reúnen el 57,6% nacional, a gran distancia del resto de las provincias con más actividad.
En Madrid, con el 37,3% del empleo nacional, se concentra el 26,1% del paro total; en Barcelona, con el 20,3% de la actividad, el 16,1%.
En términos relativos, las comunidades con mejor desempleo, por debajo del 10%, son Madrid (7,4), País Vasco (7,5), Cataluña (8,8), Aragón (9,2), Navarra (9,3) y Galicia (9,4).
En el otro extremo de la tabla, por encima del 15%: Andalucía (20,5), Canarias (20,4), Murcia (16,5) y Comunidad Valenciana (15,8).
La Asociación de la Prensa de Segovia, que preside la gestora para la creación del Colegio de Periodistas de Castilla y León, ha mostrado su preocupación y rechazo por el goteo de pérdida de puestos de trabajo, tanto en los medios como en gabinetes de comunicación.
Los cierres de medios y de pequeñas empresas, en los últimos meses, junto con recortes de personal, despidos y rescisiones de prestaciones en régimen de colaboración suponen para esta organización una mayor precariedad en las condiciones de trabajo y en el empleo.
"Tantos mazazos", añade, "conducen a una precariedad extrema que ponen en peligro los derechos fundamentales y libertades que garantiza el artículo 20 de la Constitución Española y ponen en riesgo la salud democrática".