La Junta de Castilla y León da un "paso más" y regula a través del denominado decreto de la Memoria Histórica y Democrática elementos para avanzar en la localización de restos, exhumación de fosas e identificación para evitar que se mantengan aun víctimas de la dictadura franquista en las cunetas de la Comunidad.

El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, detalló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno las novedades de esta normativa, que este viernes se colgará en el Portal del Gobierno Abierto de la Junta y que el miércoles se presentó a las asociaciones de la Memoria Histórica.

De Santiago-Juárez recordó que en el otoño de 2016 se creó un grupo de trabajo entre la Junta y los grupos de las Cortes, presidido por el procurador socialista Álvaro Lora, para avanzar en esta materia junto a las asociaciones, si bien subrayó que por distintas dificultades, no achacables a quien es su presidente, está "bloqueado".

A partir de ahí, explicó que la Junta ha seguido trabajando con las asociaciones y fruto de ello es el decreto que desde el viernes 26 de enero se somete a información en el Gobierno Abierto, a la vez que en febrero se convocará una línea de subvenciones de 100.000 euros destinada a las asociaciones que trabajan en la Memoria Histórica.

El decreto se centra en la localización de restos, la exhumación de fosas y la identificación, detalló el vicepresidente, convencido de que "es indigno que haya muertos en las cunetas y que los familiares no puedan enterrar con honor" a las víctimas de la dictadura franquista.

De Santiago-Juárez valoró la "buena intención" del Gobierno de Zapatero al aprobar en 2007 la primera ley, pero no su sentido de que "ahora nos toca a nosotros", al considerar que la dictadura fue un "drama y un desastre para España".

Defendió el vicepresidente la regulación normativa a través de un decreto y no de un proyecto de ley, como piden los grupos de la oposición en las Cortes, al estimar que es "más ágil" y después de que el Grupo Socialista haya anunciado la presentación en el Congreso de una proposición de ley sobre la Memoria Histórica, que, de salir adelante, retocaría la norma, por lo que de decantó por aplicar lo que existe.

Este decreto mejora la orden estatal y crea un Consejo Técnico de la Memoria Histórica, formado por un representante de la Consejería competente, tres técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta, dos representantes de la Asociación de la Memoria Histórica y otros dos de la Federación Regional de Municipios y Provincias.

También habrá un Consejo Asesor del que formarán parte el titular de la Consejería competente, una persona de prestigio que será el presidente de este órgano, así como un representante de Patrimonio Cultural, uno de la Memoria Histórica, uno FRMP, dos procuradores de las Cortes, cuatro expertos de las universidades, cuatro de las asociaciones y uno por cada sindicato, ya que De Santiago-Juárez agradeció también la ayuda de CCOO y UGT en la elaboración del decreto.

Otro de los elementos recogidos es el acceso a terrenos donde se encuentran las víctimas a través de permisos, cuando sean públicos e incluso con medidas por incumplimiento que pueden llegar hasta los tribunales. En el caso de los privados se realizará a través de la figura de ocupación temporal, que ya se da en casos de carreteras o extracción minera.

Por último, habrá una oficialización de los mapas de fosas, que el Ministerio de Justicia cifra en 219 en Castilla y León, si bien no está actualizado según procuradores del grupo de trabajo. Esa actualización se remitirá al Gobierno.

De Santiago-Juárez manifestó que tanto en su etapa como portavoz del Grupo Popular como en la Consejería de la Presidencia se ha trabajado de manera discreta con las asociaciones y subrayó que ahora se "da un paso" para facilitar la labor de éstas, que han tenido dificultades y solicitan fondos para financiar los costosos estudios de ADN, que podrán contar a través de las líneas de ayudas que se convocan.

Por último, señaló que algunas cuestiones planteadas por las asociaciones se recogerá, como "educar en la verdad", y añadió que las otras las podrán presentar como alegaciones durante el periodo de información en el Portal de Gobierno Abierto. "No es digno que los muertos estén en las cunetas y sus familiares no les puedan enterrar con honor", reiteró sobre lo que queda por hacer.