La Conferencia Sectorial de Turismo acordó, con el respaldo de Castilla y León, la creación de un grupo de trabajo sobre vivienda turística que buscará la "armonización" de la legislación en todo el territorio nacional, así como la "colaboración" entre las comunidades autónomas y el Estado.
La consejera de Cultura y Turismo, Josefa García Cirac, manifestó que "es necesario avanzar en la seguridad, en la inspección y en el control de la actividad turística en el medio rural" para lo que, a su juicio, es "importante" la colaboración de las comunidades autónomas no sólo con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sino también con el de Hacienda y el de Interior.
La consejera defendió abordar desde la "colaboración" entre administraciones el "fenómeno" de las viviendas turísticas que se ha convertido en asunto de referencia en todas las comunidades autónomas cuando se habla de turismo.
El grupo de trabajo que se va a crear al respecto comenzará a reunirse en septiembre y su misión no será la de redactar una nueva legislación, sino "garantizar el mejor servicio a los turistas" con las normas que ya existen. Para ello se pretende "armonizar" las diferentes normativas en vigor en cada una de las Comunidades y "sobre todo buscar la colaboración de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria" para garantizar "la protección de los consumidores" y la "seguridad jurídica" con el objetivo de que todos los que intervienen en el proceso "tanto desde el punto de vista de la demanda como de la oferta" tengan unas "normas claras de funcionamiento y unas garantías".
En Castilla y León las viviendas turísticas están reguladas por decreto específico de febrero de 2017 y, según la consejera, "no ha habido ningún problema" hasta la fecha. A estos efectos, propuso que se implante de manera oficial un modelo de colaboración global entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, que se aplique por igual en todo el territorio nacional y que alcance tres ámbitos de colaboración: en el ámbito de la seguridad, a través de la colaboración con la Policía Nacional; en el de la inspección, a través de la colaboración con la Agencia Tributaria, y en el ámbito del control de la actividad turística en el medio rural, a través de la colaboración con la Guardia Civil.
A juicio de García Cirac la posición internacional de España como destino turístico obliga al Gobierno de nuestro país a hacer un esfuerzo de "armonización" en lo que se refiere a la normativa turística, al control de esta actividad y a los niveles de exigencia, no sólo en la regulación de esta materia sino, fundamentalmente, en los mecanismos de control, en los niveles de exigencia y en su ordenación a nivel nacional.
Promoción internacional
Además, la consejera también planteó la necesidad de una mayor coordinación en el ámbito de la promoción internacional, en especial en mercados lejanos, como el asiático, para evitar una excesiva dispersión estratégica, la duplicidad de medios y la fragmentación de la imagen turística de España.
Para ello, reclamó que la oferta de destinos de turismo de interior, turismo rural y turismo cultural tengan un mayor peso en la labor de promoción exterior que lleva a cabo Turespaña. En este sentido propuso al Ministerio la elaboración de dos planes de promoción internacional específicos sobre turismo rural y turismo cultural.