55 días después de la aprobación en consejo de ministros de la ley de cajas el ejecutivo regional adapta su texto a la normativa nacional y lo hace endureciendo de forma significativa las incompatibilidades para ocupar un sillón en los consejos y comisiones ejecutivas de las entidades.
Quedan fuera todos los cargos políticos, alcaldes, procuradores, concejales y también los empresarios que tengan intereses en la entidad.
Revolución en las entidades financieras de la Comunidad, el decreto aprobado por el gobierno regional les afecta a todas desde este viernes.
Caja de Burgos, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Circulo tienen hasta el próximo 3 de marzo para renovar sus órganos de gobierno y prescindir de los cargos políticos o de los empresarios con deudas con la entidad.
Eso supondrá que 38 miembros de los actuales consejos de administración se quedarían pero 30 tendrían que abandonar su sillón entre ellos el presidente de Caja de Burgos José María Arribas con una deuda de más de 8 millones de euros con la entidad, también se irían el alcalde de Ávila, el alcalde de Segovia, el presidente de la diputación de Segovia o los procuradores Juan José Sanz Vitorio y Fernando Rodríguez Porres.
España y Duero tendrían una moratoria de dos años más seis meses para renovar sus cargos, también los del consejo de administración pero eso sí no podrán nombrar presidente de la caja fusionada a quien incumpla el régimen de incompatibilidades, ni Santos Llamas ni Javier García Prieto podrían ocupar ese puesto uno por tener intereses en la entidad, una deuda de 80 millones de euros, el otro por ser un cargo electo. Requisito para el que no hay plazo, entra en vigor este viernes.
El texto pone trabas también a las asambleas que Caja Ávila y Caja Segovia celebrarán el próximo 14 de septiembre. Se aumenta la mayoría reforzada que pasa de 2/3 a 4/5.
Eso podría complicar que la fusión con Caja Madrid saliese adelante, el no de PSOE y los sindicatos con esta nueva mayoría podría ser suficiente.
Se da busca una mayor profesionalización y se reduce la presencia de las corporaciones municipales en beneficio de los impositores, se da entrada además al consejo del diálogo social en la porción de las entidades de interés general.
Quien se siente en las cajas además tendrá que acreditar al menos cinco años de funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento de entidades financieras. Requisito que deberán cumplir el 50 por ciento de los miembros de los consejos, el 100 de los propuestos por las cortes.
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