El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, mantendrá una reunión este mes con el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, y los responsables de las organizaciones profesionales agrarias de la Comunidad (Asaja, UCCL, UPA y COAG), para tratar de encontrar una solución al impacto que está generando el lobo en la ganadería regional.

El Ejecutivo regional ha mantenido este martes una reunión con las opas en la sede de la Presidencia. Los sindicatos agrarios rechazan la política de seguros para cubrir las pérdidas que generan estos animales, y reclaman pagos directos y que se establezcan medidas cinegéticas.

El coordinador regional de COAG, Aurelio Pérez, expuso que los más de 2.000 lobos y 200 manadas en Castilla y León "son insostenibles", por lo que pidió a las autoridades que actúen, para reducir su número y que queden confinados únicamente en determinadas áreas de la Comunidad.

El secretario general de UPA, Julio López, insistió en que "el problema son los lobos", que sólo el año pasado provocaron daños a los ganaderos por más de dos millones de euros. "No estamos dispuestos a mantener a los lobos", dijo, para rechazar la política de seguros de una Consejería con consejero nuevo pero "vieja" en su funcionamiento.

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, recordó el encuentro "oficioso" de las organizaciones agrarias con el consejero de Fomento y Medio Ambiente, del que no salieron "contentos", dijo, para expresar la necesidad de la reunión "oficial" que mantendrán con Herrera.

Mostró su oposición al sistema de seguros y exigió pagos patrimoniales, muladares para alimentar a los cánidos y que sea una especie cinegética.

el coordinador general de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, trasladó que en el tema del lobo el sector ganadero "se juega mucho" y es preciso definir "soluciones".

A por todas con la PAC

La consejera de Agricultura, Silvia Clemente, exigió este martes a la ministra Rosa Aguilar que fije una "posición de país" este miércoles durante el encuentro que ha convocado con las autonomías para abordar la reforma de la PAC.

Clemente explicó que la responsable del MARM les ha llamado a un encuentro "informal" que esperan que finalmente "sea de compromiso y contenido" en el que se fije un postura de Estado y se defina una "estrategia de trabajo" con las autonomías en esta materia, ya que son las que gestionan estas ayudas.

La consejera incidió en que la PAC es un tema vital para un sector "de primer nivel de importancia" para las políticas de la Junta y recalcó que será la fuente de fondos de la UE más importante para España a partir de 2014, ya que recibe 7.500 millones anuales y en esa fecha pasará a ser contribuyente neto, con lo que los fondos de cohesión serán residuales.

Insistió en que se trata de un tema de Estado, ya que será el Gobierno el que tendrá que defender el mantenimiento de esas partidas a partir de 2014 frente a las instituciones europeas. "Pedimos que defienda el presupuesto", dijo, para explicar que las primeras filtraciones apuntan a que se reducirá entre un nueve y un 12 por ciento. La consejera también aconsejó al MARM una estrategia de trabajo con otros países en defensa de este pilar de la UE.

Silvia Clemente explicó que a partir del próximo 12 de octubre, fecha en la que la Comisión Europea presentará su propuesta de reforma, iniciará una serie de encuentros con las opas de la Comunidad, para "revisar la posición común" que plasmaron en un documento que también suscribió Urcacyl, y que se entregó al comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, en el mes de abril en Burgos.

En este contexto, Clemente repasó las principales inquietudes del campo regional, para rechazar la tarifa plana en las ayudas, ya que "no se puede tratar igual a un agricultor de secano que a uno de regadío".

Asimismo, se opuso a la "ecologización" de la PAC, ligando un 30 por ciento de las ayudas a requisitos medioambientales, lo que "resta productividad al sector". Por último, consideró la definición de agricultor activo propuesta por la Comisión, como "ridícula", ya que sería todo aquel con unos ingresos del campo que supusieran un cinco por ciento de los totales que percibe.

El presidente de Asaja, Donaciano Dujo, trasladó al presidente del Ejecutivo autonómico que "lidere" la negociación sobre la reforma tanto en España como en la UE, conforme al documento pactado con el sector. El dirigente sindical indicó que no les gusta el borrador que se conoce sobre la reforma de la PAC, donde se plantean recortes presupuestarios para España de unos 500 millones anuales. Asimismo, criticó que no acomete el problema de los precios mediante el establecimiento de mecanismos de intervención y la prioridad de los productos comunitarios frente a los de terceros países. Criticó también que elimina la cuota láctea y del azúcar y no va dirigido a los agricultores y ganaderos "superactivos".

El coordinador regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, incidió en que la PAC debe garantizar la rentabilidad del sector "vía ayudas, mecanismos de intervención y el control de las importaciones". Advirtió de la "profunda crisis" que está sufriendo el sector, sobre todo el ganadero, por el desplome de los precios, y pidió un compromiso de toda la cadena de valor para garantizar el valor de las producciones, porque sino "muchas explotaciones cerrarán el próximo año".

El secretario general de UPA en la Comunidad, Julio López, dijo que no les gustan los borradores y exigió que se defina "de una vez por todas" qué es un agricultor y un ganadero activo. Al respecto, lo definió como aquel que cotiza en el REASS y obtiene la mayor parte de sus ingresos del campo. López transmitió que "hay que aprovechar la reforma de la PAC" para ir hacia un "modelo social agrario" y expresó que es preciso "halar de futuro, de un relevo generacional", ya que el 31 por ciento de los preceptores de las ayudas son mayores de 65 años, y sólo un 12 por ciento, menores de 40.

Para concluir, el coordinador regional de COAG, Aurelio Pérez, explicó que se trata de una "reforma amplia y complicada" y precisó que hay que abordar cuestiones de vital importancia como el pago base, la definición de activo o el techo de gasto. Aseveró que es precisó que se tenga en cuanta que en España hay un millón de preceptores de PAC, que cobran una media de 6.000 euros, frente a los 400.000 de Francia y Alemania, que cobran 21.000 y 15.000 euros de media, respectivamente.

Además, advirtió de la necesidad de que se tenga en cuenta, si se pretende desmantelar el sistema de cuotas, las importantísimas inversiones acometidas por el sector de ganadería extensiva, con entre 120.000 y 150.000 euros por explotación láctea, y entre 800 y 900 euros por derecho de vaca nodriza.