Casi hora y media ha durado la declaración del alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, para aclarar si cometió o no un delito de desobediencia al ejecutar una sentencia judicial sobre la situación urbanística del edificio Caja Duero, situado en la Plaza de Zorrilla.

Con todo el operativo preparado en la puerta principal de los juzgados, el alcalde ha entrado tranquilamente por la puerta de la calle Torrecilla, donde nadie lo esperaba. Dentro se ha extendido media hora de respuestas a la fiscal y casi una hora al abogado de la acusación, la federación de asociaciones de vecinos.

En sus respuestas, De la Riva ha dejado como síntesis que nunca buscó retrasar las obras que pedía el juzgado para restaurar el estado original del edificio y siempre fomentó el cumplimiento de la sentencia siguiendo las indicaciones de su equipo jurídico y la concejala de Urbanismo.

El propio alcalde ha revelado que no le parece normal tardar cinco años en hacer esas obras y que él ha sido uno de los inquilinos perjudicados por el retraso, porque tiene casa en el edificio.

De la Riva ha explicado que él no ha tomado parte en las principales decisiones tomadas por el consistorio en este caso a instancias de los asesores jurídicos para evitar posibles incompatibilidades al ser dueño de un ático.

La sesión ha sido tensa por momentos. La jueza ha amenazado con desalojar la sala en dos ocasiones. Un perito judicial ha asegurado que tuvieron que hacer labor detectivesca para saber cómo era el edificio Caja Duero en el año 1946, lo que ha dificultado mucho saber qué obras había que hacer.

Una arquitecta municipal encargada de supervisar las obras del edificio desde 2010 ha ratificado que nunca recibieron instrucciones del alcalde indicando que no acataran el mandato judicial para devolver al edificio Caja Duero a su origen. Además ha desvelado que el arquitecto de la constructora que tenía que hacer la obra temía más sentencias judiciales en su contra y por eso no avanzaba con las obras.