La normalidad a la que pretende retornar el sector minero de Castilla y León se ve alterada con la reclamación por parte de Industria de los planes de cierre de las compañías extractivas.
El Reglamento de ayudas al carbon, en vigor desde el 1 de enero, establece que las empresas que la reciban están obligadas a cerrar o en su defecto devolver los incentivos recibidos.
El plan de cierre requerido debe ser autorizado por la comisión Europea por lo que tiene que tener en su poder la ubicación de las minas, la fecha del cierre, la producción para el tiempo en el que mantenga la actividad y la evolucion de las plantillas tanto propias como subcontratadas
La medida no deja de sorprender a las empresas que planifican de nuevo su actividad y recuperan a los trabajadores después de la entrada en vigor del decreto del carbon.
Esta normativa está recurrida ante el Tribunal de la Union Europeo por la patronal del sector, Carbunión, y las comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias y Aragon.