Comisiones Obreras y UGT han propuesto al Gobierno que a partir del 1 de enero de 2019 haya "como mínimo" un plan social para afrontar los problemas que atraviesa el sector de la minería en España. Además han solicitado la creación de una comisión de seguimiento que se reúna de forma mensual a partir de septiembre.
Así lo anunciaron tras reunirse este jueves los principales responsables del sector de ambos sindicatos con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia. No obstante, abandonaron la sede del ministerio con sensación "agridulce" ya que su principal objetivo es que se queme mayor cantidad de carbón autóctono y son conscientes de que el Gobierno no puede "presionar" a las empresas eléctricas aunque consideran que sí puede hablar con ellas.
Una de las principales reivindicaciones que pusieron hoy sobre la mesa fue la creación de una comisión de seguimiento que se reúna, al menos una vez al mes a partir de septiembre, para la que se marcan los siguientes objetivos: elevar al Congreso de los Diputados un dictamen que recoja su propuesta para el mix energético, eliminar la devolución de ayudas europeas e impulsar un nuevo plan del carbón a partir del 2019.
En este sentido, el secretario de Estado les transmitió que el carbón tendrá su espacio más allá de 2018, pero los sindicatos aseguran que se trata de una "declaración de buenas intenciones" que no se sustenta por el momento en medidas concretas.
Por otro lado, demandan solucionar el denominado "hueco térmico". El compromiso del Gobierno es que el carbón nacional participe con un 7’5 por ciento en el mix energético y en estos momento se sitúa en el 4 por ciento. No obstante, sumado al carbón extranjero está llegando a representar más del 20 por ciento. Según las previsiones que manejan ambos sindicatos a final de año se habrán quemado 2,4 millones de toneladas de carbón nacional y 17 millones de carbón importado.
Como consecuencia esperan que de las diez empresas que producían carbón en España a principios del 2017, cuatro echen el cierre antes de que termine el ejercicio y que el personal dedicado a la minería quede reducido a los 1.800 trabajadores en todo el territorio nacional.
En este sentido, el secretario sectorial de Minería de UGT-FICA, Víctor Fernández aseguraba que Uminsa "está casi desaparecida". Asimismo, CCOO mostró su preocupación por la situación de quienes trabajaban en empresas que se encuentran en concurso de acreedores o en liquidación.
Al término de la reunión han destacado la intención del Ejecutivo de elaborar un real decreto que haga que las centrales térmicas tengan que cumplir una serie de exigencias para cesar su actividad. No obstante, el secretario de Estado no les ha avanzado cuáles podrían ser esos nuevos requisitos que se les pidan. Lo que sí les han confirmado es que en septiembre se reunirán de nuevo aunque el formato está por definir.