La futura ley de Integración de los Inmigrantes en la Sociedad de Castilla y León, cuyo anteproyecto se abrió este miércoles a un periodo de consulta y participación para buscar el pacto social antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno, otorgará una atención especial a los menores extranjeros no acompañados y regulará una educación en la que se respeten las normas de convivencia de los centros docentes, sin perjuicio del derecho a la libertad ideológica y religiosa.

Castilla y León es una comunidad de acogida, donde la población inmigrante asciende a 172.816 personas en 2011, con un incremento interanual del 1,95 por ciento frente al 0,07 nacional, y la Consejería de la Presidencia ha elaborado un texto para resaltar el efecto positivo de la inmigración y facilitar su integración y acceso a los servicios como la educación, sanidad o vivienda en igualdad de condiciones que los foráneos.

El anteproyecto de ley, donde se recogen medidas de integración, reagrupación familiar, educación, salud, servicios sociales, empleo y vivienda, cultura, turismo y deporte, entre otras, se entregó hoy a los miembros que conforman el Foro Regional para la Integración Social de los Inmigrantes, que disponen hasta el 16 de marzo para hacer propuestas, sugerencias, alegaciones e incluso críticas que lleven a enriquecer la ley y a un pacto social antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno, según explicó el titular de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.

Como principio general la ley se aplicará a los nacionales de países miembros de la Unión Europea –algo más de 87.000- y a quienes sea de aplicación el régimen comunitario, que tengan vecindad administrativa en Castilla y León, en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables para su integración en la sociedad de Castilla y León.

Entre los principios generales de integración se recoge el apoyo a los inmigrantes en el retorno a sus países de origen, aspecto abierto a las propuestas del Foro, si bien el consejero recordó la situación de recesión de la economía española y añadió que les había dicho en la reunión que “no es bueno pedir cosas que sean un brindis al sol”, aunque subrayó que en los próximos presupuestos se tratará de incluir medidas pese a que la ley no está aprobada, dado que el apoyo a inmigrantes figura entre los objetivos de la Agenda de la Población.

Para la convivencia en el ámbito educativo -hay 34.181 alumnos-, la norma señala que todas las actuaciones públicas de integración tendrán el objetivo de educar a los inmigrantes escolarizados en el respeto a las normas de convivencia de los centros docentes, sin perjuicio del respeto a su ideología o libertad religiosa. En este precepto voló el caso de una niña musulmana escolarizada en Burgos que se niega a ir a clase si la obligan a retirarse el velo. Esta norma elevará a rango de ley que prima el reglamento que se haya dado el colegio, en ese caso en contra de llevar la cabeza cubierta en el aula.

Lengua castellana

El aprendizaje, uso y respeto de la lengua castellana será otro elemento de integración, para lo que existen ya programas en la Consejería de Educación, si bien no se condiciona a la obtención del ‘compromiso de integración ciudadana’, informe que realizará la Junta para cumplir la ley Orgánica de Inmigración, cuyo trámite será la respuesta a un cuestionario sobre derechos y libertades, valores de la Constitución y el Estatuto, derechos humanos, tolerancia e igualdad entre mujeres y hombres.

El acceso a la salud e asistencia sanitaria es otra de medidas que se regulan, para su conocimiento e información del sistema sanitario autonómico –el consejero recordó que la primera puerta es la atención primaria no las urgencias- y para contar con la tarjeta de Sacyl, uno de cuyos requisitos es tener tarjeta de empadronamiento en Castilla y León. En este momento 140.000 de los 172.816 son los que tienen tarjeta sanitaria, si bien los 32.000 restantes pueden ser atendidos si lo precisan.

La atención a los menores extranjeros no acompañados tendrán una atención inmediata en los dispositivos de acogida en el momento en que se comunique su presencia y se les facilitará alimentación, alojamiento y atención sanitaria y educativa. También se impulsarán programas para facilitar la igualdad y la atención integral a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género.

Otro de los derechos es el acceso a la vivienda, con la posibilidad de recibir ayudas oficiales en las mismas condiciones y con los mismos requisitos que el resto de ciudadanos de Castilla y León. En ese artículo se regula el fomento en el caso de la construcción de vivienda de protección oficial, así como de alojamientos protegidos.

Por último, la norma contempla la creación de centros integrales de inmigración en las nueve provincias, así como la celebración de eventos y actividades de carácter cultural.