El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, calificó este jueves de "muy positiva" la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar nulo el artículo 75.1 del Estatuto de Autonomía que atribuía a la Junta de Castilla y León las competencias legislativas y de ejecución sobre el río Duero, por considerar que supone "la defensa de las competencias estatales en materia de aguas y un nuevo respaldo a los principios de unidad de cuenca y de gestión".
De esta forma, el presidente de los regantes recordó que la administración del agua en cuencas intercomunitarias corresponde "única y exclusivamente" al Estado central a través de las confederaciones hidrográficas, tal y como recoge el artículo 149.22 de la Constitución Española y la Ley de Aguas.
Además, aclaró que el artículo anulado por el TC "pecaba claramente" de duplicidad competencial en perjuicio del principio de unidad de cuenca, al atribuirse la titularidad exclusiva sobre las aguas que, aunque atraviesan Castilla y León, pueden proceder de "la escorrentía de comunidades autónomas colindantes"; una situación que, en opinión de Fenacore, da lugar a la "contaminación política" de este recurso, doblegándose a "intereses localistas, lo cual podría derivar en una sequía estructural", añade en un comunicado.
Por último, el presidente de los regantes insistió en la necesidad de poner en marcha un Pacto Nacional por la unidad de cuenca, capaz de reforzar las funciones del Estado en materia de aguas y poner fin a la titularidad exclusiva sobre los ríos que "arbitrariamente" vienen atribuyéndose en estos últimos años las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia y Castilla y León a través de sus reformas estatutarias por el mero hecho de transcurrir por sus territorios.
Según Andrés del Campo, "el agua debe seguir siendo un bien común, distribuida de un modo equitativo entre todos los habitantes de cada país y no propiedad de los que la tengan más cerca. Esto se consigue con una independencia política en su gestión y realizada a nivel de cuenca o demarcación hidrográfica. Sólo así conseguiremos que la distribución del agua responda a criterios técnicos y no políticos, evitando cualquier tipo de conflictividad social".