El exalcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, aseguró este martes ante el tribunal de la Audiencia Provincial que cuando en julio de 2008, septiembre de 2010 y febrero de 2011 firmó las 'comfort letter' o cartas de conformidad desconocía que se tratase de un aval, hasta el punto de apuntar que no era ''consciente'' de su contenido ni del alcance que podían tener esos documentos. ''Ahora parece que todo el mundo conoce el significado de estas cartas como el ABC pero en 2008 no se sabía y yo desconocía su transcendencia económica ni que fuera un aval para una operación de crédito al creer que era una recomendación de cortesía de carácter no oficial'', subrayó.
León de la Riva declaró este martes como acusado en la Audiencia de Valladolid, junto al exconcejal de Hacienda Alfredo Blanco y el exedil Manuel Sánchez, por el caso de la tramitación de las 'comfort letter', como garantía para los 100 millones que le correspondían al Consistorio de los 400, concedidos a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), por un grupo de bancos para financiar la operación del soterramiento a su paso por la capital.
El exalcalde, quien se enfrenta a un total de nueve años de prisión y 27 de inhabilitación por tres delitos de prevaricación y tres de falsedad documental, respondió al Ministerio Fiscal que pensaba que esos documentos eran una ''carta de recomendación'' para que los bancos hablaran con el consejero delegado de la sociedad para lograr las mejores condiciones económicas. ''Dimos por hecho que la negociación era buena'', dijo. De ahí que considerara que no fuera necesario solicitar un informe a la Intervención y la Secretaría General del Ayuntamiento. ''No lo planteé porque creía que no era necesario y nadie me lo advirtió'', sentenció.
En ese sentido, León de la Riva precisó que en sus años como alcalde de Valladolid nunca ha firmado un documento mecantil sin la autorización del interventor y el secretario general del Ayuntamiento. ''Pero esto eran cartas, con el encabezado 'muy señores míos', en la línea de las miles que firmaba como alcalde al cabo de un año'', añadió.
De la Riva apuntó que las negociaciones financieras dependían del director general o el consejero delegado de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que eran cargos propuestos por el Ministerio de Fomento y las sociedades de Renfe y Adif. Además, recordó que el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, ya señaló que las cartas de conformidad no suponían la firma de un aval, lo que implicaba seguir un procedimiento ordinario.
En todo caso, el exalcalde, a preguntas de la fiscal Ana Valle, explicó que en esos años el equipo de Gobierno municipal contaba con la mayoría absoluta por lo que no hubiera tenido problemas para aprobar en el Pleno un informe del Interventor y el Secretario General. Además, expuso que las cantidades de la primera y segunda 'comfort letter' no superaban el límite de la deuda del Ayuntamiento. En cambio, para el tercer caso se hubiera requerido de una autorización del Ministerio de Hacienda al superar el techo de gasto impuesto por el Gobierno central a los ayuntamientos.
Según el escrito de acusación del fiscal, De la Riva, Blanco y Sánchez tramitaron las cartas de conformidad sin ningún procedimiento. En concreto, la primera, el 28 de julio de 2008, avalaba un préstamo de 200 millones de euros concedido a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.; la segunda, el 24 de septiembre de 2010, avalaba otro préstamo a la entidad de 70 millones de euros, y la tercera, el 14 de febrero de 2011, avaló un crédito de 400 millones de euros SVAV.
Además, el Ministerio Fiscal sostiene que se firmaron las cartas de conformidad sin seguir el oportuno procedimiento administrativo previsto y ello a sabiendas de que no se estaba siguiendo el oportuno trámite legal. Así, argumenta que se firmaron sin la previa autorización o conocimiento del pleno del Ayuntamiento, a pesar de ser órgano competente para ello, sin el preceptivo informe de la intervención municipal y sin autorización de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León. Respecto de la tercera carta de conformidad, la firmada en 2011, también se apunta que se hizo sin que el Ayuntamiento tuviera capacidad financiera para concertar lo que venía a ser un aval por importe de 100 millones de euros, dado su nivel de endeudamiento.
En este sentido, el fiscal sostiene las cartas de conformidad no eran una "mera manifestación de confianza de la capacidad de gestión..." y constituían un garantía que podía servir como fundamento para que las entidades crediticias pudieran exigir el pago de parte de crédito a la corporación municipal.
Además, el Ayuntamiento de Valladolid, personado como acusación particular, solicita para León de la Riva una pena de tres años de cárcel y nueve de inhabilitación por falsedad documental y prevaricación administrativa, así como siete de inhabilitación para Alfredo Blanco y Manuel Sánchez por delito de prevaricación pasiva o por omisión. Precisamente, el juicio fue suspendido durante quince minutos para resolver una cuestión previa suscitada por el abogado defensa de Blanco al considerar que el Consistorio no estaba legitimado para ejercer la acusación particular. Cuestión que fue desestimada por el tribunal de la Audiencia, presidido por Feliciano Trebolle.
Desconocían el contenido
Durante la vista, el exconcejal de Urbanismo, Planeamiento y Movilidad, Manuel Sánchez, aseguró que ''nadie'' le llamó para informarle sobre las 'comfort letter' porque ''jamás'' las vió ni habló de ellas con el alcalde. ''Era un profano en el tema económico y solo me dedicaba a mis áreas'', confirmó. De ahí que añadiera desconocía el contenido de los documentos que votaba en los consejos de administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. ''Daba por hecho de lo que se aprobaba allí, siempre por unanimidad, estaba bien'', concluyó. En todo caso, consideró que de haberle llegado las cartas de conformidad para su tramitación hubiera acudido al interventor y secretario general del Ayuntamiento.
Ángel Blanco declaró que la firma de las 'comfort letter' no supuso antes, durante su etapa de concejal de Hacienda entre 2007 y 2001, ni ahora un ''perjuicio económico'' para el Ayuntamiento de Valladolid. En otras cosas, explicó que Valladolid Alta Velocidad es una sociedad mercantil independiente, ajena al Consistorio, por lo que no podía computar como déficit ni como endeudamiento para las arcas municipales.
Coincidió con el otro exconcejal al recordar que todas las votaciones en el consejo de administración de la sociedad eran aprobadas por unanimidad. ''Antes de los consejos, los temas ya se había hablado entre todas las administraciones, por lo que se puede decir que estaba cocinado'', puntualizó.
También expuso que no se planteó que esa carta pudiera ser un aval y que tuviera consecuencias para el Ayuntamiento. ''En esos consejos, nunca se habló de aval, y nunca fui consultado de la tramitación de esas cartas'', manifestó. Además, recordó que la Ley de Haciendas Locales impide que los consistorios avalen sociedades mercantiles independientes.
El juicio continuará mañana miércoles y el jueves con la declaración de los testigos, entre los que estarán el actual alcalde de Valladolid Óscar Puente y los interventores generales del Ayuntamiento, Jesús Velázquez y Rafael Salgado.