LABORAL

UGT y CCOO piden que los funcionarios reduzcan su jornada a 35 horas entre julio y septiembre

Los sindicatos anuncian movilizaciones en otoño si el nuevo Gobierno no aplica la reducción laboral y recupere el recorte del 5% de la paga extraordinaria

Ical

Los sindicatos UGT y CCOO de Castilla y León reclamaron este lunes en Valladolid que la Junta cumpla con el preacuerdo para que los empleados públicos de la administración autonómica reduzcan su jornada laboral a 35 horas entre julio y septiembre para la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, tal y como ya disfruta la plantilla de la Administración General del Estado.

Ambas centrales sindicales están pendientes de que la Consejería de Presidencia envíe un documento con su propuesta antes de la reunión prevista para mañana. La petición de los sindicatos es que el horario laboral para el personal de la Función Pública en el periodo estival se reduzca 2,5 horas a la semana, hasta las 35 horas, por lo que se permitirá que los trabajadores entren media hora más tarde o salgan 30 minutos antes.

En cuanto a la plantilla de Sanidad y Servicios Sociales, con turnos rotatorios y nocturnos, la compensación será con el disfrute de tres días (uno, entre el 22 de diciembre y el 15 de enero y otros dos, a lo largo de 2019). Además, responsables de los dos sindicatos resaltaron que hay un compromiso con la Junta para que las reducciones y las acumulaciones en Atención Primeria serán sustituidas por personal o compensadas.

La secretaria general de Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGTCyL, Carmen Ámez, aseguró que el objetivo que persiguen ambos sindicatos –junto a CSIF- es lograr el restablecimiento de la jornada laboral ordinaria en 35 horas semanales. De ahí la solicitud de una reunión con la nueva delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, para que traslade al Ejecutivo central la necesidad de derogar la Ley 2/2012 aprobada por Partido Popular. También han demandado una reunión con la consejera de Hacienda y Economía, Pilar del Olmo, para hacer un seguimiento del gasto y así poder cumplir el objetivo de déficit pactado.

En todo caso, la coordinadora regional del Área Pública de CCOO, Ana Rosa Arribas, anunció  que de no conseguir ese objetivo habrá movilizaciones en otoño. "No vamos a renunciar a nuestras reivindicaciones y si el Gobierno no cede nos manifestaremos porque no podemos mirar a otro lado, aunque ahora les daremos los cien días de gracia", expresó.

Avances en operativo de incendios

UGT y CCOO se felicitaron por los avances logrados en el sector público desde el año 2015 y las "mejoras sustanciales" en el operativo de incendios forestales, donde no ha habido cambios desde 2007. A partir de esta nueva campaña, todos los trabajadores del operativo de incendios –fijos discontinuos- pasarán a tener un mínimo de seis meses de empleo al año, aunque ese periodo se ampliará, en algunos casos, a 9 meses e incluso a 12 meses. Además, se ha creado empleo neto con la contratación de 54 empleados para las unidades nocturnas en todas las provincias de la región.

El responsable autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Carlos Julio López, abogó por "dar futuro" y "viabilidad" a 300 puestos del sector público de la Junta para años venideros con el personal encargado de la vigilancia en las torres de control, que supone el 40 por ciento del operativo público de incendios. "Queremos que este personal siga prestando su trabajo al menos durante seis meses al año en otros puestos, una vez que su labor se realice con medios tecnológicos", precisó.

El secretario de Acción Sindical de FeSP de UGT, Tomás Pérez, valoró estos acuerdos con la Junta en materia de empleo al ser puestos de trabajo en el ámbito rural, el más afectado por la despoblación y la falta de oportunidades. "Queda mucho por mejorar pero hemos logrado casi 4 millones de euros para el sector forestal y hablamos que esto es un acuerdo de principio, no de final", sentenció.

Otra de las demandas de ambos sindicatos es recuperar el 5 por ciento del recorte de la paga extraordinaria que se perdió en 2012 y luego se consolidó. "El sector público ha sido el más desfavorecido a raíz de la crisis económica, con las dos reformas laboraes, y queremos recuperar nuestros derechos", aseveró Ámez.

Las mayores complicaciones se sitúan ahora en el ámbito educativo, donde existen varios niveles como Primaria, Secundaria y Educación Especial, por lo que hay diferencias en el horario lectivo y guardias. "Lo que nos proponen es insuficiente porque está por debajo de la mitad de lo que pedimos y habrá que esperar a hablar con la Consejería de Hacienda para ver si se desbloquea algo más de dinero", explicó Arribas.