La Junta de Castilla y León y las nueve universidades de la Comunidad -cuatro públicas y cinco privadas- rubricaron hoy un acuerdo que ordena los estudios universitarios y que además de no incrementar la oferta de grados hasta el curso 2019-2020 en el caso de las públicas, se marca como objetivos elaborar un mapa de titulaciones más eficiente y competitivo, adecuar la oferta a las necesidades, en especial a las del sector productivo, y en el que se aprovechen al máximo las potencialidades de la Comunidad.

El pacto, según destacó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, es "pionero" en España y sienta las bases para que el sistema universitario de la Comunidad dé “un salto a la excelencia” apostando por estudios estratégicos y especializados. “La sociedad no demanda más universitarios y sí una mejor universidad”, sentenció el presidente.

Además, Herrera también resaltó que el acuerdo, en el caso de las universidades públicas, contempla un plan de viabilidad para las titulaciones con menos de 35 alumnos matriculados que deberá ser presentado por cada universidad antes de fin de año y que culminará en enero de 2020 cuando la Consejería de Educación elabore un informe y proponga diferentes medidas. En este sentido, el presidente aseguró que será un proceso “natural” y cifró en 60 los grados con baja matrícula.

En su intervención, Herrera también argumentó la necesidad de ordenar el mapa de titulaciones, dado que desde la aplicación del Plan Bolonia el número de grados en las universidades de la Comunidad se ha incremento en 220 al pasar de los 324 del curso 2008-2009 a los 544 actuales.

El presidente también alabó la implicación de todos los agentes sociales y económicos en este acuerdo, que es fruto del grupo de trabajo puesto en marcha por la Consejería de Educación en diciembre de 2015. “La educación y la universidad necesita pactos de Estado y, sin lugar a dudas, este acuerdo nos enriquece y nos hace más fuerte”, sentenció Herrera, la vez que pidió a todos los rectores y al restos agentes sociales y económicos mantener “el talante y el talento” de cara a futuros nuevos pactos.

El acuerdo también contempla el compromiso de las nueve universidades a que, en el caso de mantenerse la actual normativa estatal sobre el 3+2, no solicitar la implantación de grados de tres años, salvó que sean de carácter novedoso. De este modo, no podrá haber en Castilla y León un grado de tres años en una universidad y el mismo grado de cuatro años en otra, lo que significa que se evitará todo tipo de competencia desleal derivada de este factor.

El acuerdo por el que las cuatro universidades públicas se comprometen a no solicitar nuevos grados hasta la finalización del curso 2018-2019, contempla que sí podrán solicitar la oferta de másteres que han acordado. De esta manera, el resto de postgrados y grados que deseen implantar, hasta el curso académico 2018-2019, se realizará siempre que exista el consenso unánime de los cuatro rectores y la Consejería de Educación.

Otro punto de este acuerdo es el compromiso que adoptan las cuatro universidades públicas de crear un consorcio, que se materializará en una red común de estudios universitarios semipresenciales y a distancia, a partir del curso 2017-2018.

Postgrados estratégicos

Las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid también han acordado crear, antes del 1 de octubre de 2017, un nuevo programa de estudios de postgrado estratégicos. El acuerdo pone de manifiesto que la clave del crecimiento de las universidades públicas no está, actualmente, tanto en los grados, sino en los postgrados. Su valor estratégico dependerá, entre otros criterios, de la capacidad de atracción de alumnado de la Comunidad, del país y también a nivel internacional; del prestigio científico; de la capacidad de aumentar la empleabilidad de los estudiantes; de su relación con las fortalezas de cada universidad y campus, así como de sus vínculos con el concreto entorno social y económico.

En este sentido, Herrera afirmó que el objetivo es que cada universidad aproveche sus fortalezas para ofrece unos estudios de calidad que se conviertan en referencia nacional e internacional. A su vez, el presidente también reconoció la necesidad de un cambio de modelo de la financiación de las universidades y planteó que esté vinculado a los resultados.

Privadas

Por su parte, el acuerdo con las cinco universidades privadas establece que hasta la finalización del curso 2018-2019 -durante los próximos tres cursos- solo podrán solicitar la verificación e implantación de las titulaciones que figuran en el acuerdo.

Las universidades privadas se someten a un distinto régimen de autorización que las públicas, entre otras razones porque, en el caso de las primeras, el coste de su implantación -se estima que un nuevo grado cuesta de media algo más de 1,5 millones de euros- lo asumen sus titulares, sin que cueste nada a la Administración, mientras que en las públicas es sufragado íntegramente por la Junta. En este sentido, Fernando Rey, quiso agradecer a las universidades privadas su voluntad de consenso y de suscribir este acuerdo que les ofrece un marco de seguridad y confianza, al tiempo que limita su legítimo deseo de crecimiento “al que jurídicamente tienen, en principio, derecho”.