La Junta de Castilla y León y los sindicatos trabajan ya en el desarrollo del reglamento de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía. El ejecutivo autonómico no ha aventurado una fecha pero los beneficiarios podrían empezar a solicitar el nuevo salario social entre finales y principios de año.
El Gobierno regional se ha comprometido a resolver en tres meses las peticiones. Sustituirá al actual ingreso mínimo de inserción pero incrementa los destinatarios, la cuantía y podrá reclamarse ante los tribunales. Entre sus novedades, se tiene en cuenta la situación especial de los autonómos.
Mientras que en el IMI, la exclusión social estaba vinculada a situaciones de marginalidad, en la Renta Garantizada la carencia temporal de recursos también es exclusión social. Además, a partir de ahora también lo podrán solicitar los menores de 25 años cuando acrediten suficientemente su independencia económica.
El beneficiario recibirá la cuantía mínima de 426 euros, mientras que con el IMI cobraría mensualmente 399 euros. El Gobierno regional presupuestó para este año 27 millones de euros. La estimación es que de tres mil perceptores del IMI se pase a seis mil.