El portavoz del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión (IU), cambia la tramitación de la ley de mapas rurales al registrar una enmienda a la totalidad el día en que venció la segunda prórroga y el Grupo Popular ha solicitado un tercer plazo para la búsqueda del consenso, ya que su aprobación requiere de la mayoría cualificada de dos tercios.
Sarrión presenta ahora la enmienda a la totalidad después de que el primer plazo para la presentación de enmiendas se abriera el pasado mes de febrero y hasta el 15 de marzo, momento en que Podemos solicitó una ampliación que se fijo en el 12 de abril. Entonces fue el Grupo Socialista quien pidió nueva prórroga para escuchar a sus alcaldes.
Esta segunda prórroga concluye hoy, si bien el Grupo Popular, por una parte, ha registrado un escrito para su ampliación e Izquierda Unida, por otro, presenta una enmienda a la totalidad, que se tendrá que debatir en un próximo pleno ordinario, pero dado los cambios en el calendario parlamentario por la entrada de los presupuestos y el debate del estado de la comunidad, no habrá sesiones ordinarias hasta septiembre.
El parlamentario argumentó, en una rueda de prensa, que la decisión de pedir la devolución del proyecto de ley a través de una enmienda a la totalidad se tomó desde el primer día de conocer el texto y explicó que la posición, en la anterior legislatura, de su compañero José María González 'sirve hoy'.
'El proyecto de ley no responde a las necesidades de la Comunidad, y no tiene la intención de ordenar el territorio', explicó Sarrión, que defendió la alternativa de la comarcalización que siempre ha planteado IU como el modelo para luchar contra la despoblación y prestar los servicios en el mundo rural.
Sarrión calificó de 'artificioso' la definición de unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio (ubost) en que se asienta el modelo de la Junta y recordó que en 1985 se presentó por el entonces Gobierno socialista una ley de comarcas, en la que figuraban 47 frente a las 191 áreas del proyecto actual.
Para el procurador de IU, la Junta trata de regular las transferencias que tiene en la gestión de la sanidad, la educación y los servicios sociales, pero sin entrar en una 'verdadera' ordenación territorial. A ello, unió que es 'insuficiente' para la prestación de los servicios. 'Si no hay cambios el voto de IU será negativo', indicó, tras avanzar que presentará más de 90 enmiendas parciales.
Con este nuevo giro que da la tramitación, más allá de la ampliación de prórrogas para presentar enmiendas, el Grupo Socialista, una vez que ha escuchado a sus alcaldes, que han rechazado el proyecto de ley tal y como ha llegado a las Cortes, no hará nada más, según fuentes de este grupo.
Respetar el acuerdo
Por su parte, la viceportavoz de Podemos, Natalia del Barrio, explicó a Ical que no es su modelo, ya que están a favor de las comarcas, pero precisó que rechazaron la enmienda a la totalidad por respeto al acuerdo marco firmado en julio de 2015, donde figura avanzar en el modelo territorial.
Del Barrio manifestó que trabajan en la mejora del proyecto mediante la presentación de enmiendas parciales -entorno a 21 registrarán-, aunque insistió en que no es un modelo que ellos comparten, pero indicó que está en marcha tras la aprobación de la ley de Ordenación, Servicio y Gobierno del Territorio, pactada por PP y PSOE.
'Se ordena el territorio pero no se sabe qué servicios se van a prestar', argumentó la parlamentaria de Podemos en relación a la creación de las unidades básicas, si bien la formación morada se decanta por votar en contra de esta ley.
El proyecto de ley por el que se aprueba el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio de Castilla y León, en el ámbito rural, es la última pieza para culminar el modelo de ordenación que la Junta presentó en abril de 2011, pero que ha sufrido algunas modificaciones en su configuración inicial para buscar el acuerdo.