La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha explicado este martes que no ha firmado el manifiesto suscrito por buena parte del sector de la remolacha azucarera en contra del impuesto que quiere implantar el Gobierno de España para gravar las bebidas carbonatadas y azucaradas porque entienden de que éste "no es el principal problema".
En cambio, han considerado que el principal obstáculo para la producción de la remolacha azucarera es la "incertidumbre" que genera el escenario de la desaparición de cuotas de producción a partir de 2017, por lo que han reclamado que la Junta de un paso al frente y convoque de forma urgente la Mesa del Azúcar de Castilla y León, algo que según ha explicado la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, en la rueda de prensa posterior a la firma del manifiesto, se producirá la próxima semana.
La UCCL ha subrayado que está en contra de la propuesta del Gobierno de implantar este impuesto especial en las bebidas carbonatadas y azucaradas, pues lo consideran una medida "recaudatoria" y no dirigida a la salud y la "salubridad".
"Éste debería ser el foro estable de interlocución, debate y consenso en el que hubiera de haberse negociado, debatido y consensuado el documento de rechazo al impuesto de bebidas carbonatadas y azucaradas que hoy se ha firmado", han advertido desde UCCL.
Así, han recordado que han solicitado, "en numerosas ocasiones" a la Consejería la convocatoria de esta Mesa del Azúcar, integrada por la propia Administración, los productores y la industria, con el ánimo de negociar contratos estables, basados en la rentabilidad de las partes y anticiparnos de esta forma a las posibles consecuencias negativas que pudiera traer consigo la desaparición de cuotas, como consideran que ha ocurrido en el sector lácteo.
En este sentido, han incidido en que la "apuesta decidida" de la Consejería por un sector "estratégico" para Castilla y León "no puede reducirse a la firma de un documento de rechazo a un impuesto" pues lo consideran "sólo una cortina de humo que ensombrece los principales problemas a los que se enfrenta el sector, entre ellos, la deuda que acumula la Consejería frente a los cultivadores de remolacha de Castilla y León".
En todo caso, UCCL ha reclamado que el impuesto "no debería ni repercutirse ni distribuirse entre los integrantes de la cadena alimentaria" y "en ningún caso entre los productores y los consumidores".
De hecho, han recordado que "los beneficios que la principal multinacional de bebida carbonatada y azucarada ha tenido en España en los últimos dos años" le permitirían asumir este incremento impositivo sin necesidad de repercutirlo, pues en 2014 tuvo un resultado positivo de "177 millones de euros", antes de alcanzar una cifra "récord" de 191 millones en 2015.