Cuatro de los cinco acusados en el juicio sobre las adjudicaciones de huertos solares, que se celebra desde el pasado lunes en la Audiencia Provincial de Zamora para determinar si hubo o no ilegalidades en la concesión de autorizaciones de empresas fotovoltaicas, fueron considerados este viernes por el fiscal, Rafael de Vega, como "cooperadores necesarios" de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. De esta forma, el presunto tráfico de influencias de esos cuatro acusados tiene como "conclusión alternativa" las negociaciones prohibidas.
Se trata de Vicente Fernández, expresidente de la empresa Pevafersa; el exresponsable de Iberdrola Agustín de la Fuente; Javier Bahamonde, hijo del exjefe del Servicio Territorial de Industria de Zamora, José Bahamonde, también acusado, y la pareja del primero, María Blanca Blanco. El Ministerio Fiscal también modificó las conclusiones al añadir "todo lo acreditado" respecto a la composición de las empresas Iniciativas Renovables y Bahamonde Abogados.
Rafael de Vega, quien puntualizó que "no me rige ningún interés de crear ninguna trama, sino defender un interés público, no particular", afirmó que José Bahamonde "aceptó, siendo funcionario público," el ofrecimiento del contrato de 2006 de compraventa de participaciones sociales de Sol Sayago. "Es, ya en sí, delito porque ha vulnerado sus deberes como funcionario público y dictó después resoluciones en las que autorizaba a una empresa que le había ofrecido participación en vez de abstenerse", indicó.
"No hace falta recibir el dinero, sino aceptar el proyecto. Se aprovecha de su cargo para obtener participación en la sociedad fotovoltaica. Hay una autorización y un beneficio económico. Entre 40 y 50 documentos unidos y enlazados hacen llegar a la conclusión de que José Bahamonde cometió un delito de cohecho y tráfico de influencias", agregó.
De Vega, quien desgranó una detallada exposición cronológica del "engranaje" iniciado en junio de 2006 con la creación de Sol Sayago, consideró que la defensa "no quería que viéramos lo que el contrato dice" y calificó de "difícil de creer" que el exjefe del Servicio Territorial de Industria y el exresponsable de Iberdrola, "dos personas con gran experiencia profesional, no supieran lo que estaban firmando".
En este contexto, el fiscal se remitió a las declaraciones de altos cargos y altosexcargos de la Junta de Castilla y León sobre la "incompatibilidad" y la conveniencia de abstenerse cuando puede haber intereses externos.
A petición del presidente de la Audiencia, el fiscal precisó que hace una conclusión "alternativa", de manera que continúa para José Bahamonde la acusación de delito de cohecho y de negociación prohibida a funcionarios, mientras que el resto de los acusados se consideran cooperadores necesarios.
En este contexto, se mantiene para José Bahamonde la petición de 18.000 euros de multa y tres años de inhabilitación para el desempeño de cargo público. Para el resto de los acusados, el fiscal pide doce meses de multa a razón de 20 euros diarios e inhabilitación de 18 meses. Las multas son del doble del beneficio en el apartado del tráfico de influencias y del cohecho, según lo que dice el informe pericial.
"Delito imposible"
María Dolores Márquez habló desde la defensa de "delito imposible" y, en cuanto a la reiterada aparición durante las declaraciones del término "abstención", recordó que, "en todo caso habría sido desde el punto de vista administrativo".
La defensa elevó a definitiva la petición de no culpabilidad y no existencia de actos punibles de los cinco acusados, además de expresar su disconformidad con la "transformación" por parte del Ministerio Fiscal al "incorporar la implicación de cooperadores necesarios", que considera una "flagrante vulneración". Así, Javier Gómez de Liaño, quien calificó de "absurdo" el proceso, que contó con "determinadas informaciones periodísticas como impulsoras", recalcó que impugnará la "acusación sorpresiva" anunciada por el fiscal.
Javier Gómez de Liaño inició su alegato con una profusa utilización de la vía emocional, al apelar a la "justicia que conocemos desde pequeños" y criticar a "quienes piensan que los tribunales se equivocan", además de valorar la tarea desempeñada por el Jurado popular para la Justicia con mayúsculas y de declararse "hijo de fiscal, hermano de fiscal, mejore amigos fiscales y casado, para colmo, con una fiscal".
Igualmente, habló del reventón de la presa de Vega de Tera y la catástrofe que provocó en Ribadelago, al hilo de que el juicio consecuente que se celebró, "con sesiones maratonianas como estas", en la misma sala de la Audiencia Provincial. "Lo vi a escondidas desde debajo de la mesa porque el fiscal acusador era mi padre", dijo.
Para romper con efecto el clima así creado, Gómez de Liaño espetó: "El Ministerio fiscal no pasa por su mejores momentos y, si no, miremos a lo que esta pasando en la capital del Reino", además de dirigirse a Rafael de Vega para comentar que "la pasión, a veces, nos oculta la razón".
A partir de ese momento, Gómez de Liaño criticó la actuación del Ministerio Fiscal por "pretender destruir la presunción de inocencia de los cinco acusados" y le acusó de utilizar un documento "que no tenía que estar" en el proceso. "Me importa cómo el documento ha llegado al proceso porque la verdad no puede construirse a cualquier precio", sentenció. "Villasante dijo que era papel mojado porque lo fue. El documento no había nacido al mundo jurídico", apuntó.
Por otra parte, el abogado defensor reiteró uno de los "mantras" de todas las sesiones, en cuanto a la necesidad de "diferenciar concesión de autorización" y aludió a la reunión extraordinaria de las Cortes de Castilla y León en la que se concluyó que "era imposible la adjudicación discrecional".
En el último tramo de su discurso, Gómez de Liaño hizo hincapié en que los cinco acusados "han sido víctimas de un error que llevan soportando nueve años" y de "una imputación desenfocada y con fuentes, en cierto modo contaminadas".
El letrado terminó su intervención con el reconocimiento de la "amistad" que le une a algunos de los acusados, tal y como había anunciado María Dolores Márquez al inicio del alegato.
Entre los cinco acusados, solamente el exresponsable de Pevafersa, Vicente Fernández, aprovechó la posibilidad de decir la última palabra, para recordar, como hizo antes de que empezara el juicio, el pasado lunes, el efecto que todo el proceso ha tenido en la firma y en sus 400 trabajadores.
Expertos
Los peritos -uno de los cuales prestó declaración por videoconferencia desde Algeciras (Cádiz)- hicieron un ejercicio didáctico dedicado a los integrantes del Jurado popular, especialmente por parte de la defensa, para explicar "de forma fácilmente comprensible" a instancias de Javier Gómez de Liaño, conceptos "mercantiles y societarios" que a él mismo le resultaban "difíciles de comprender", según reconoció.
Las diferencias en cuanto a la valoración de la empresa Sol Sayago presentadas durante la instrucción por ambos expertos fueron sustanciales y se ratificaron durante la sesión de hoy. Concretamente, la testigo de la defensa habló de un valor de 3.010 euros al tiempo que tildó de "especulativo" el método utilizado por su colega, quien calculó algo más de 1,3 millones de euros. "Yo he utilizado datos desde 2006 hasta 2013, un período temporal más próximo a la realidad mientras que él empleó un método basado en la estimación, con datos de 2006 a 2008", precisó. "Él no tiene en cuenta la deuda, que es la principal característica de la empresa, de manera que entiendo que el valor que le da no es correcto", añadió.
En este contexto, la perito aseguró que Sol Sayago, en octubre de 2006, "no vale nada" y, por tanto, le otorgo el valor correspondiente "al que costaría constituir una empresa similar" y apostilló: "Aunque una empresa obtenga beneficio, no quiere decir que vaya a ir a los socios".
La intervención de los peritos se prolongó durante cerca de una hora y fue especialmente tensa cuando el fiscal, Rafael de Vega, formuló a la experta la misma pregunta hasta en cinco ocasiones, sin recibir una respuesta concreta: "Si hace un informe pericial de 2006 a 2008 con el método utilizado por su colega, ¿llegaría al mismo resultado que él?". La situación fue resuelta por el propio presidente de la Audiencia Provincial, quien advirtió: "Primero se contesta. Luego se explica".